Vitoria. Una ordenanza "dirigida contra un colectivo concreto", según el PNV; un texto que "convierte al diferente en sospechoso", para el PSE; y una "campaña de acoso y derribo a los comercios regentados por personas venidas de diferentes partes del mundo", según EH Bildu. Así ve la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria la nueva ordenanza de locutorios que obligaría a estos establecimientos a despejar los escaparates para que se vea bien lo que sucede dentro de los locales, prohibiría que haya dos establecimientos de este tipo en un radio de 600 metros y vetaría la venta de alimentos en los mismos, de aprobarse tal cual ha sido redactada.

Lejos de ver una política discriminatoria en esta ordenanza -ningún otro sector comercial vitoriano tiene una normativa específica- el Gobierno del PP defendía ayer que la idea es justo la contraria, garantizar la igualdad de todos los comerciantes de la ciudad. "No se trata de una ordenanza discriminatoria sino todo lo contrario, porque pretende regular un tipo de establecimiento que a diferencia de la ciudades de nuestro entorno, aquí no tiene regulación. Se trata de una cuestión de igualdad de trato para todos", señaló la concejala del PP Idoia Garmendia ante las críticas recibidas.

En cualquier caso, el equipo de gobierno tendrá que negociar si quiere ver aprobada su ordenanza, pues carece la mayoría suficiente para sacarla adelante en el Pleno, y dado que tanto EH Bildu como PSE van a presentar enmiendas a la totalidad, sólo cabe sentarse a hablar con el PNV. De entrada, los jeltzales ponen sobre la mesa varias condiciones. La primera, eliminar la prohibición de que haya dos locutorios en un radio de 600 metros, una medida que para la edil nacionalista Blanca Guinea es claramente discriminatoria. "Es uno de los artículos donde se comprueba que la ordenanza está dirigida contra un colectivo concreto. Más que ordenar este sector, lo que el alcalde busca es desmantelarlo, aunque para ello se vulneren las directivas europeas", señaló la concejala.

Los jeltzales también piden que la venta de bebidas no alcohólicas y alimentos envasados se sujete a la normativa vigente en materia higiénico-sanitaria, en lugar de vetar de forma expresa el consumo de tabaco, alimentos y bebidas en el interior de estos locales, con multas que llegarían hasta los 3.000 euros. "Queremos hacer una propuesta razonable frente a la medida desproporcionada que quiere imponer Maroto, porque de aprobarse la ordenanza tal y como la plantea el alcalde, se vulnerarían principios tan básicos como la libertad de comercio", señaló Guinea, que aboga por que esta prohibición se limite al tabaco y las bebidas alcohólicas.

La tercera enmienda que plantea el PNV a la ordenanza de Maroto hace relación a la obligación de despejar los escaparates, pues "ningún otro tipo de actividad comercial tiene una obligación similar y, de repente, se quiere marcar esta imposición a un caso muy concreto, con lo que vuelve a quedar en evidencia el trasfondo discriminador de la ordenanza", explicó la concejala. A pesar de todas las pegas que ven en el texto, los nacionalistas están dispuestos a negociar. "No nos oponemos al debate siempre que se haga desde el respeto a la igualdad de oportunidades y la búsqueda de las máximas garantías", afirmó Guinea.

"cruzada ante el diferente" No opinan igual en EH Bildu, formación que ve inviable el acuerdo con Maroto y que por ello ha presentado una enmienda a la totalidad del texto. "Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno municipal, han sido muchas las ocasiones en las que, con diferentes argumentaciones, han emprendido una cruzada ante el diferente", señala en su enmienda el portavoz de la coalición en Gasteiz, Kike Fernández de Pinedo, quien recuerda cómo "el Gobierno municipal ha hablado de fraude en las ayudas sociales relacionándolo siempre con las personas inmigrantes; ha hablado de quienes utilizaban las ayudas sociales para comprarse zapatillas de Prada, se dejó de atender a los menas, en un una guerra de competencias en la que los únicos que salieron perdiendo fueron los propios jóvenes; y en los últimos meses, el PP ha puesto todos sus esfuerzos en perseguir y presionar a diferentes comercios establecidos en Gasteiz". Según Fernández de Pinedo, bazares chinos, kebabs y locutorios "han sido víctimas de continuas inspecciones iniciadas siempre bajo criterios políticos y no bajo criterios técnicos como sí se hace con el resto de comercios de Gasteiz". Según EH Bildu, estos empresarios se han quejado de "la campaña de acoso y derribo" que sufren por parte de la Administración local.

La coalición recordó que la mayoría de las infracciones detectadas en los locutorios han sido leves y han quedado subsanadas en más de un 90% de los casos. Además, "son claramente sancionables con la legislación actual, sin ninguna necesidad de una ordenanza específica".

Tampoco el PSE parece dispuesto a negociar un nuevo texto con el PP. Según el edil socialista Juan Carlos Alonso, el proyecto de ordenanza "nace contaminado por las continuas declaraciones de Maroto en las que señala a colectivos de inmigrantes como responsables de algunos de los diferentes males que aquejan a Vitoria, sea por pretender orar, vender productos de dudoso gusto, precio y calidad o por introducir recetas exógenas como el Kebab en la capital gastronómica española".

El PSE recordó, al igual que EH Bildu, que los locutorios ya están regulados mediante las oportunas normativas de sanidad, higiene, accesibilidad, comercio, ruido u orden público de carácter general y, por ello, "del mismo modo que no existe una ordenanza específica de sex shops o de pescaderías, tratar de establecer una para los locutorios constituye un ejercicio de segregacionismo, carente de fundamento y claramente discriminatorio", señaló Alonso.

Maroto tiene hasta el mes de enero para negociar los apoyos necesarios para aprobar una ordenanza que, según Idoia Garmendia, cuenta con el aval de los servicios jurídicos municipales.