vitoria. Hace tiempo que el fenómeno de las lonjas juveniles adquirió cierta visibilidad en la agenda política de Vitoria. Son muchos, uno de cada diez, los chavales que tienen una. Y para bien, porque estos espacios ayudan a compartir, a aprender a crear normas, a regular horarios, a asumir labores de limpieza... Hasta que, en algunos casos, llegan las molestias a los vecinos y comienzan los problemas porque esta actividad carece de regulación. Entonces, ¿cómo evitar los conflictos sin cargarse la filosofía de autogestión que sustenta esta forma de disfrutar del tiempo libre? El Síndico se ha hecho la pregunta y, tras recabar información y celebrar distintas reuniones, ha encontrado una alternativa. Su propuesta es elaborar una ordenanza para que los locales cumplan unas mínimas condiciones en cuestiones como seguridad, aislamiento acústico, aforo o accesibilidad, pero con trámites sencillos, ayudas a los propietarios o alquilados para realizar las obras y asesoramiento a los jóvenes sobre las ventajas del nuevo escenario que evite el efecto repelente de todo lo que huele a burocracia.

La iniciativa de Martín Gartziandia tiene su origen en el caso de un ciudadano que acudió a su oficina contrariado por la forma de proceder del Ayuntamiento tras un conflicto en la lonja que tenía alquilada a unos jóvenes. La Policía había desalojado al grupo tras las quejas de un vecino por ruidos y, a continuación, Medio Ambiente había iniciado un procedimiento sancionador por carecer el local de licencia de actividad, el cual acabó con una multa de 300 euros. El Síndico se cercioró de que el Consistorio interviene así siempre a la segunda denuncia y, curiosamente, el proceso no se basa en la vulneración de la normativa sobre ruidos sino en el hecho de ejercer una actividad sin licencia. Una obligación que, normalmente, desconocen tanto los chavales como los propietarios porque, aunque jurídicamente sea así, socialmente no es tan obvio que una lonja juvenil necesite autorización administrativa.

El Síndico llegó a la conclusión de que mantener el sistema como hasta ahora favorece la autogestión y, por tanto, la socialización y emancipación de los jóvenes, pero a la vez genera evidentes problemas. Por un lado, no se puede garantizar que las actividades se desarrollen en condiciones de mínima seguridad y de mínima afección a terceros, aunque este efecto pueda atenuarse a través de acciones como la guía Superlonjez o el trabajo de Ai Laket!. Por otro, los chavales se ven abocados a una situación de permanente inseguridad jurídica, a la posibilidad constante de ser denunciados y sancionados. Ante este escenario, el defensor del vecino estudió la opción de la regulación. Municipios como Gernika, Ermua, Berango, Olite o Villava disponen de ordenanzas que han acabado con los problemas detectados cuando hay un vacío legal, pero también han acarreado algunas desventajas, como la obligatoriedad de realizar obras en una época en la que nadie está dispuesto a asumir gastos extra y la inclusión de farragosos procesos administrativos. De ahí que sólo el 10% de las lonjas en esos lugares haya optado por legalizarse.

Analizadas las opciones y tras reunirse con técnicos de Juventud y de Medio Ambiente, con Ai Laket! y el Ararteko -que está a punto de dictar una recomendación al respecto de este asunto-, Gartziandia ha considerado necesario regularizar el fenómeno de las lonjas juveniles pero facilitando los trámites a propietarios y alquilados. Además, las lonjas que siguieran sin licencia y fueran denunciadas se clausurarían, pero no recibirían sanción económica.