gOBERNAR es decidir, y aunque la ley limita el margen de actuación de los políticos a la hora de contratar obras y servicios, no es ningún secreto que dependiendo de quién mande las decisiones oscilan hacia uno u otro lado. Por otra parte, las grandes empresas del Estado pujan en situación de ventaja frente a compañías más pequeñas que, o bien constituyen una Unión Temporal de Empresas para poder mejorar su oferta con respecto a los grandes, o se quedan siempre a las puertas de la adjudicación, con las manos vacías.
En Álava, por ejemplo, FCC gestiona las basuras de la capital, se le adjudicó la planta de tratamiento de envases de Jundiz y construyó la autopista AP-1, un conjunto de operaciones que han reportado a la empresa de Esther Alcocer Koplowitz más de cien millones de euros de las arcas públicas alavesas en menos de diez años.
La planta de Jundiz
Pliego externalizado
En agosto de 2012 la Diputación alavesa adjudicó a FCC y Yárritu la explotación y mejora técnica de la planta de tratamiento de envases del polígono vitoriano tras un concurso cuyo pliego de condiciones fue redactado por Grupotec, una consultora en ingeniería y energías renovables que factura más de 60 millones anuales. Aunque lo habitual es que sean los técnicos de la institución quienes redacten las condiciones que deben reunir quienes quieran hacerse con un contrato, en este caso se pagaron dos minutas de 9.000 euros, IVA aparte, a Grupotec, a quien se le encargó el trabajo sin concurso previo porque las cantidades que se abonaron a esta firma no superan las que obligan a las instituciones a apelar a la libre concurrencia. Uno de los encargos hacía referencia a la redacción del pliego en sí, la otra al estudio de la tecnología presentada por las licitadoras. La decisión última sobre la adjudicación, eso sí, la tomaron técnicos forales.
Grupotec facturó entre 2002 y 2009 casi 670 millones de euros sólo en su labor de asesoría sobre plantas de residuos, un 71,6% de los cuales (478 millones) corresponden a 22 proyectos adjudicados a FCC.
El papel de Grupotec en la adjudicación de la planta de residuos de Jundiz se conoció, por otro lado, de casualidad. Tanto el PNV como el PSE pidieron información detallada en su día sobre la adjudicación de la planta, pero el Gobierno foral en ningún momento hizo mención a la subcontratación de la redacción del pliego de condiciones. No fue hasta varios meses después de adjudicada la planta, a razón de 1,5 millones de euros por año durante una década, cuando la oposición oyó hablar de la empresa valenciana. Los dos contratos de 9.000 euros salieron a la luz a raíz de una pregunta sobre una visita realizada a la planta. Grupotec no figuraba en el listado de empresas consultoras contratadas por la Diputación que pidió la juntera del PSE Cristina González en septiembre del año pasado ni en el expediente sobre la planta de Jundiz reclamado por el PNV en las mismas fechas, pese a que los dos trabajos para la Diputación los realizó entre octubre de 2011 y febrero de 2012, y entre febrero y agosto del año pasado.
La AP-1
Sobrecoste y demanda
Fue, sin duda, la inversión con mayúsculas de la última legislatura de Ramón Rabanera. Más de 120 millones de euros -de inicio, luego la factura subió bastante más- para la construcción del tramo alavés de la autopista AP-1, la Vitoria-Eibar, parte de la cual también recayó en FCC, esta vez en UTE con Dragados y Yárritu. El Gobierno foral adjudicó la obra por un montante de 195 millones de euros, más de la mitad de todo lo gastado en contrataciones públicas durante toda la legislatura, 21 millones más que toda la obra contratada con empresas alavesas, una adjudicación que dio un vuelco al porcentaje de dinero concedido a empresas vascas y del resto del Estado, dejando a las de la CAV con un 21,27% del dinero en juego durante el periodo 2003-2007, y con un 20,81% a las alavesas.
La historia de esta adjudicación, sin embargo, no termina aquí. En 2010 la UTE demandó a la Diputación para reclamarle 31 millones de euros. Las empresas acudieron a los tribunales alegando que habían cambiado las condiciones del contrato y que el alza en los precios de los materiales había elevado en esa cantidad la última licitación foral en el tramo al que hacen alusión en su demanda, y por el que cobraron casi 69 millones de euros. Las obras, dijeron, costaban más de lo que la Diputación les había concedido. Al final, la Justicia decidió que la institución foral sólo tendría que abonar 4,2 millones a las empresas demandantes.
La otra mitad del trazado alavés de la AP-1 fue adjudicada, por 36,3 millones de euros, a otra de las grandes, Ferrovial, que se unió en UTE con Lanbide y Copalsa.
La plaza de toros
El último pelotazo
En 2004, en Vitoria se decidió que había que hacer una nueva plaza de toros, y que la mejor forma de financiarla era sacar el dinero de la fuente inagotable de la construcción -también así se iba a pagar el nonato soterramiento -. Así pues, el Ayuntamiento se puso manos a la obra y firmó un convenio con una empresa local, Urco-Urbasa, y de nuevo FCC, que se encargarían de construir el multiusos, un parking de casi 800 plazas y una plaza pública. La ciudad se quedaría con todos estos equipamientos más 7,3 millones de euros y las empresas obtendrían su legítima rentabilidad vendiendo un centenar de viviendas de lujo y más de 20.000 metros cuadrados de oficinas.
Sin embargo, a las promotoras les pilló la crisis en plena promoción de sus recién construidos productos inmobiliarios, y el Ayuntamiento se encontró con que el multiusos sólo servía para albergar media docena de corridas de toros al año. En el Iradier Arena la música no se oye, hace demasiado frío para albergar eventos deportivos y sólo es atractivo para promotores de espectáculos cuando el precio del alquiler se rebaja hasta rozar la gratuidad.
las basuras de Vitoria
El contrato más jugoso
El aterrizaje de FCC en Vitoria con la construcción de la plaza de toros fue a lo grande, con una emblemática y costosa inversión que transformó de raíz una zona de la ciudad, pero su siguiente victoria en la Mesa de Contratación fue aún más espectacular. La compañía se hizo en 2006 con la contrata de limpieza de la ciudad por siete años, un acuerdo de 15 millones de euros anuales -que acabaron siendo 25- y que no ha dejado contenta a ninguna de las partes.
Los grupos municipales creen que la ciudad no está lo suficientemente limpia y FCC afirma que esto es así porque el Consistorio no ha llevado a cabo varias inversiones comprometidas. En cualquier caso, la recogida de los residuos es uno de los contratos más importantes que puede sacar a concurso una ciudad y la adjudicataria, tras muchos años en los que este cometido recayó en Cespa, fue a parar a una de las grandes del sector, que está recuperando con la basura lo que ha perdido en el ámbito de la obra pública, que no pasa por su momento de mayor expansión. En Vitoria, FCC gestiona una plantilla de casi medio millar de trabajadores y una flota de casi 150 vehículos.
En la actualidad los técnicos municipales se afanan en redactar un nuevo pliego que solvente las deficiencias detectadas en estos siete años de concesión. FCC, a tenor de lo declarado hace año y medio en el Ayuntamiento por sus representantes, volverá a presentarse al concurso. El equipo de gobierno tenía la posibilidad de prorrogar la concesión hasta 2016, pero se ha decidido hacer borrón y cuenta nueva cuanto antes.
