Suben las basuras, el agua y el impuesto de coches, y vuelven las bonificaciones a VPO

Vitoria. El gabinete de Javier Maroto ha acabado incumpliendo su promesa de congelar todos los impuestos. Su prioridad en este momento es conservar a su socio presupuestario para poder acordar las Cuentas de 2014, así que ayer, en el debate y votación de las próximas ordenanzas fiscales, optó por respaldar todas las enmiendas del PNV a su propuesta fiscal. Ahora, tendrá que explicar por qué quien disponga de coche o moto deberá afrontar un incremento en el tributo de entre el 1,3% y 11,3%, en función de la cantidad de dióxido de carbono que emita su vehículo. La medida fue rechazada por socialistas y abertzales porque "castiga a los ciudadanos con bajo poder adquisitivo" que sólo pueden permitirse viejas chatarras, pero los nacionalistas defendieron que perjudicará a las rentas altas que tiran de caballos. Al menos una cosa está clara: la subida regalará un poco más de aire a las arcas municipales. Según la estimación del grupo jeltzale, 850.000 euros.

El PNV fue determinante en el desenlace del debate de las ordenanzas fiscales, al lograr el respaldo del PP a todas sus enmiendas y favorecer con su ni sí ni no las propuestas del PSE que le gustaban. El resultado final fue el siguiente: un 0,280% más de IBI para inmuebles tipo fábricas, almacenes, supermercados o bancos, recuperación de las bonificaciones para las VPO -con matices, porque hubo lío en las votaciones-, subida como mínimo del IPC (1,3%) en el impuesto de vehículos, IPC en las basuras más recargas de entre el 0% y 12% en función del número de personas empadronadas y con bonificaciones del 10% para las rentas más bajas, vinculación de la tasa de vados al callejero de los veladores, incremento del 0,20% en la tasa del agua, IPC en el IAE, congelación de la OTA y congelación de los abonos a las instalaciones. Las cuatro últimas fueron iniciativas socialistas, aprobadas principalmente gracias a Bildu y las abstenciones del PNV. El resto jeltzales, apoyadas al cien por cien sólo por el gabinete Maroto.

El IBI será en definitiva el único impuesto sin variaciones respecto al presente año, salvo por la subida que se aplicará a ese 10% de los inmuebles de la ciudad con mayor valor catastral. La enmienda del PNV dejaba fuera a las viviendas, los edificios de carácter asistencial, colegios y guarderías y al comercio minorista, y a petición del equipo de gobierno sacó también de la lista de perjudicados a los bares y restaurantes. "Es un impacto pequeño, son 118 personas afectadas", argumentó el concejal de Hacienda, Manu Uriarte, convenciendo a los jeltzales. Todos los grupos votaron a favor de este punto, y también lo hicieron a la iniciativa del PSE de suprimir la actual definición de vivienda vacía -aquella que no tiene a ninguna persona empadronada-. Además, los socialistas lograron el apoyo de nacionalistas y abertzales a su propuesta de esperar a que las Juntas Generales determinen el concepto jurídico de casa desocupada y, una vez definido, establecer un recargo. El edil popular alertó de que en el actual momento de crisis "tener una vivienda vacía no tiene componente especulativo" e instó a aparcar este asunto, pero no convenció a la oposición.

Las bonificaciones en el IBI de las VPO y viviendas sociales que el equipo de gobierno suprimió para tratar "en igualdad de condiciones" a los gasteiztarras tengan piso protegido o libre regresan, pero habrá que ver de qué forma. El PSE y Bildu sacaron adelante con la abstención del PNV y el rechazo del PP la enmienda socialista que contemplaba la recuperación de esas rebajas. Pero luego el PP y PNV votaron a favor de la propuesta nacionalista, que añade descuentos en los tres próximos años del 30%, 20% y 10%, hasta empezar a pagar como todo el mundo. Ante semejante entuerto, la presidenta de la comisión, la socialista Maite Berrocal, decidió solicitar un informe a la Secretaría General del Pleno. Puede ser que en la tramitación final baste con que los jeltzales cambien la abstención por un no o que las dos tengan que seguir adelante y el ciudadano pueda acogerse a la que le resulte más ventajosa.

El debate de ayer también será recordado por el revés de la eco-tasa del PP. El gobierno quería recaudar un 40% más con penalizaciones a quien no recicla y bonificaciones a quien sí lo hace mediante subidas que oscilaban entre 10 y 130 euros, pero tuvo que retirar su propuesta y aceptar la del PNV, que contempla un incremento del 1,3%, con recargos de entre el 0% y 12% según las personas empadronadas, más bonificaciones del 50% para las familias numerosas y monoparentales. Socialistas y abertzales instaron a estudiar medidas que permitan saber realmente cuántos residuos genera cada hogar antes de aplicar castigos. Pero no convencieron ni en éste ni en otros puntos. Bildu, especialmente, fue el gran fracasado. Naufragó su enmienda a la totalidad y las parciales, todas encaminadas a cuestionar un esquema de financiación "que no toca los grandes capitales".