vitoria. Fue una mañana embarazosa la de ayer para el PP. La comisión de investigación creada para esclarecer por qué Alfonso Alonso firmó siendo alcalde un onerosísimo contrato blindado por veinte años con el empresario Gonzalo Antón por el arrendamiento de unos locales que les cuestan ya a los vitorianos 50.000 euros al mes había llamado al estrado a tres personas que prometían testimonios vitales. Y sus declaraciones no defraudaron. La secretaria general del Pleno y el interventor, muy especialmente, ayudaron a poner luz en una polémica que cada vez más hace ver a los grupos de la oposición un dedo al final del túnel. Ambos funcionarios coincidieron en que el que era entonces director de Hacienda no debería de haber realizado el informe que debía justificar por qué se acordó ese alquiler, ya que es a los técnicos a quienes corresponde siempre esa función.

Esa afirmación sólo fue el primer bocado de un menú de explicaciones que difícilmente habrá digerido el equipo de gobierno. La secretaria general del Pleno, primera en comparecer, aclaró durante su hora y veinte minutos de intervención que además el informe no acredita que los locales de la calle San Antonio propiedad del empresario hostelero fueran la única opción del Consistorio en ese momento para montar allí la oficina de información y atención directa ciudadana, así como los servicios de Padrón y Registro municipal -prestaciones, por cierto, que no llegaron a instalarse-. Para más inri, a preguntas de los grupos, la máxima asesora jurídica y técnica de la Corporación municipal sostuvo que ese estudio tampoco prueba que no quedara más remedio que acudir a una contratación directa, como hizo en aquel momento el PP de Alonso.

La segunda comparecencia, la del interventor general, fue más escueta pero sirvió para reforzar las palabras de la secretaria. Durante su casi media hora de intervención, el funcionario encargado de controlar la gestión económica y presupuestaria del Consistorio coincidió en que no correspondía al director de Hacienda elaborar el informe y subrayó que él siempre recomienda recurrir al concurso público en cualquier gestión, obra o proyecto que tenga que sacar adelante la institución municipal. El clavo al que se agarra el PP para justificar su operación es que no había en toda la ciudad otra lonja tan amplia como ésa para montar allí la oficina ciudadana y el Padrón. Por eso, en tercer lugar intervino el técnico del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística-Unidad Técnica de Valoraciones, quien valoró económicamente la lonja.

Este trabajador recordó en sus cincuenta minutos de intervención que los locales de San Antonio eran los únicos de 980 metros cuadrados de Vitoria y que los siguientes más grandes medían 700 y 600 metros, en Manuel Iradier y el Arca respectivamente. El problema es que no existe documentación que dijera y demostrara que hacía falta semejante superficie. Además, a juicio del técnico habría que haber fijado el precio de alquiler en los cerca de 10.000 euros mensuales -obras de reforma aparte- valorados en su informe y no en los 12.500 euros al final establecidos. Por otro lado, cree que tendría que haberse aplicado una subida anual del IPC en vez de actualizarse el alquiler con aumentos que han llegado a ser de hasta nueve puntos.

La comisión de investigación volverá a reunirse el jueves de la próxima semana, también a puerta cerrada y con nuevos testigos que prometen interesantes declaraciones. Se sentarán ante los grupos políticos el jefe de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento gasteiztarra, el que fuera el director de Hacienda durante la alcaldía de Alfonso Alonso y su homólogo en el mandato de Patxi Lazcoz. Los grupos de la oposición, por ahora, no piensan hacer declaraciones, aunque es probable que no tarden ni un mes en exponer sus primeras conclusiones.

Mientras, el alcalde trata de eludir la presión gracias a la rebaja del precio conseguida en negociaciones con Antón. La reducción se ha fijado en un 30%, con actualizaciones anuales de sólo el IPC y una cláusula de ruptura del contrato menos leonina.