vitoria. La preocupación social por la radiaciones artificiales a las que está sometida la población aumenta cada día. Estas emisiones proceden de diversas fuentes: antenas de telefonía móvil, líneas de alta tensión, transformadores... En el caso de Gasteiz, la polémica se ha acrecentado en los últimos meses debido a la denuncia de los padres del colegio Ibaiondo, que no aprueban que sus hijos estén sometidos a las emisiones que llegan de las estaciones instaladas en la cercana azotea del Gran Hotel Lakua.

A pesar de los mensajes tranquilizadores, como el del martes del alcalde, Javier Maroto, asegurando que las antenas son legales y, si las radiaciones fueran peligrosas para los escolares, Sanidad ya habría clausurado el centro, lo cierto es que el rechazo social existe, y es mayor en el caso de las antenas de telefonía móvil, tanto si emiten a domicilios particulares como a ikastolas, según apuntó el experto en campos electromagnéticos Alberto Arrate en las jornadas que ayer y hoy se desarrollan en San Sebastián bajo el epígrafe Campos electromagnéticos y salud. Actuaciones municipales.

El Ayuntamiento donostiarra ha decidido abordar este asunto ante la preocupación social -el de Ibaiondo no es el único caso, en Bilbao, otro colegio también ha denunciado la situación- al igual que el de Vitoria hará a finales de mes en otro debate con entendidos, que pondrán sobre la mesa diferentes puntos de vista de forma didáctica y sin alarmismos.

Los ayuntamientos llevan varios lustros ocupándose de esta problemática, ya que los afectados recurren a sus alcaldes para reclamar protección a su salud pero, a menudo, les desborda. El abogado eibarrés centró su intervención en las actuaciones de los municipios para regular el establecimiento de antenas de telefonía móvil. "Los ayuntamientos, hoy, tienen la tarea de conjugar la preocupación social, la regulación municipal y los nuevos pronunciamientos de altas instituciones europeas y la OMS, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo para, en base a sus competencias, regular en su ciudad", señaló.

Y deben regular en base a varias premisas -apunta Arrate-: que las medidas que se adopten sean de interés general y razonables, protejan los derechos fundamentales y no obstaculicen el despliegue y funcionamiento de las telecomunicaciones. Aboga el experto por que las ciudades elaboren un mapa de radiaciones -el de Gasteiz está caduco- en el que aparezcan las áreas sensibles, y recabar datos epidemiológicos en colaboración con las autoridades sanitarias, además de conocer el plan de desarrollo previsto por las compañías de telecomunicaciones. "Con estos datos, podrán regular atendiendo criterios garantistas para la población".

Principios garantistas son aquellos que establecen límites de exposición a radiaciones en línea con la recomendación de la Conferencia de Salzburgo del año 2000, que aconsejaba no superar 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, un umbral bastante más estricto que el del Consejo de Ministros de Sanidad de la Comisión Europea del año 1999, fijado en 450 µW/cm2.