Vitoria. El colectivo SOS Racismo Álava ha pedido a un juzgado de Vitoria que suspenda cautelarmente el desahucio de una familia con cuatro menores previsto para el próximo día 28 tras haber abonado parte de la duda que ésta tenía por el impago de la renta de alquiler a la sociedad pública Alokabide.

Fede García, portavoz de esta ONG en Álava, ha explicado hoy en declaraciones a Efe que gracias a la solidaridad se ha logrado reunir 1.500 euros de los 3.233,77 euros que la familia, de origen marroquí, adeuda a esta sociedad dependiente del Gobierno Vasco por el alquiler de su vivienda.

Ese dinero ha sido abonado ya en la cuenta que ha consignado el juzgado de Vitoria que tramita este caso, al que también se ha pedido que se suspenda cautelarmente el lanzamiento previsto dado que la parte afectada tiene "voluntad" de asumir la deuda.

García ha asegurado que se ha propuesto a Alokabide renegociar el resto de la deuda, de manera que a partir de este mes la familia haga frente al pago de la renta, que ronda los 500 euros, y que el resto pendiente se abone a 50 ? por mes, algo a lo que, según ha dicho, se ha negado este organismo.

Ha censurado que para Alokabide "no hay término medio" a pesar de la voluntad de pago mostrada por la familia y ha criticado que no haya sido posible conseguir una reunión con responsables de este organismo público para renegociar la deuda.

El matrimonio se encuentra en paro desde hace un año y cobra la Renta de Garantía de Ingresos. La mujer, que lleva en Euskadi 30 años, explicó el pasado 26 de septiembre ante los medios de comunicación que Alokabide les impuso un plan de pago "inasumible" para hacer frente a la deuda y que tuvo que elegir entre pagar el alquiler o dar de comer a sus cuatro hijos.

García ha explicado hoy también que desde SOS Racismo Álava han remitido diversos escritos al Parlamento Vasco, al consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, y al Ararteko para que fijen posiciones sobre cuestiones como la problemática con los impagos de alquileres o la atención sanitaria urgente y el tratamiento regular a inmigrantes y refugiados.