Vitoria. El plan del gabinete Maroto para cambiar el teléfono 010 y las oficinas de atención ciudadana ya está aprobado. Una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente sacó adelante a primera hora de la mañana esta medida, que ha provocado las críticas de la plantilla afectada, que supera ya su décimo día de huelga, del Comité de Trabajadores municipal y de los grupos de la oposición. Los tres colectivos decidieron abandonar la comisión de Función Pública donde las empleadas volvieron a intervenir para denunciar estos ajustes, que según denunciaron ponen en peligro sus puestos de trabajo -daban por hechos entre veinte y 40 despidos- ya que los oficiales de control pasarán a asumir sus funciones en los centros cívicos. El concejal del área, el popular Manu Uriarte, se quedó solo en la defensa de este plan que busca ahorrar 500.000 euros al año a las arcas municipales pero también, según defendió, apostar por el personal propio y mejorar el servicio.

La comisión se desarrolló durante apenas una hora en un clima evidente de tensión. Los trabajadores de atención ciudadana volvieron a manifestarse desde los Arquillos, con una pitada y bocinazos, durante buena parte de la sesión. Aquí, la representante de los trabajadores, Ixone Iriarte, entre la lágrima y la indignación, volvió a pedir explicaciones a la cara al equipo de gobierno. Y aquí se confirmó que el plan de racionalización ya está aprobado.

Estas trabajadoras y el comité de empresa acabaron abandonando la sala, en señal de protesta. Sólo unos momentos después hicieron lo propio los representantes de PNV, PSE y Bildu. Los concejales criticaron el retraso del equipo de gobierno al facilitarles información sobre los contratos programa, e incluso se habló de que el ejecutivo ha iniciado un Expediente de Regulación de Empleo encubierto en el Consistorio, tras casos como el 010, el consorcio Pedro Anitua, la oficina municipal de San Antonio... El PP alegó que disponía hasta el 15 de diciembre de plazo para facilitar la información.

Al final, Uriarte se quedó solo en la defensa de los ajustes en la atención ciudadana. El edil de Función Pública también alegó que estos cambios se venían planteando desde enero. La atención ciudadana, un servicio subcontratado a la firma SIC por unos 1.167.000 euros al año, cuenta ahora con unos 40 trabajadores; la idea del ejecutivo, grosso modo, es mantener el servicio del teléfono 010 y la oficina de Olaguíbel, pero lograr un ahorro apostando por que los oficiales de control -que, por ejemplo, realizan el mantenimiento básico de los centros cívicos- ahora atiendan también consultas de los ciudadanos. Y unas 20 personas del SIC actual pasarían a una bolsa de trabajo para cubrir sustituciones. Así se evitaría, según concretó Uriarte, un gasto de unos 500.000 euros al año.

El concejal también detalló que, en todo caso, el Ayuntamiento no está despidiendo a nadie, porque los afectados por los cambios no son funcionarios: "No confundáis al Consistorio con vuestra empresa", dijo a los trabajadores. Y confirmó que la compañía ha ofrecido reubicar a parte de ese personal. Ese argumento indignó a trabajadores, comité y oposición. Los primeros, porque este servicio viene ofreciéndose en el Ayuntamiento durante 19 años y nunca ha tenido la oportunidad de formar parte de una Oferta Pública de Empleo. Los segundos, porque se han ofrecido alternativas para que estos trabajadores se integren en la plantilla municipal y se evite subcontratar el servicio. Los terceros, porque consideraron que el equipo de gobierno vuelve a echar balones fuera con una medida que ha tomado en solitario, no mejorará el servicio y destruirá empleo.

¿y el debate en el pleno? Este cruce de acusaciones se produjo poco antes de que los grupos de oposición presenten, durante el Pleno de mañana, una medida para frenar estos cambios y propiciar un debate sobre este servicio. La decisión del ejecutivo parece haberla convertido en papel mojado: Uriarte recordó ayer que esa iniciativa no es de obligado cumplimiento. Y que, aunque se hablaba de primavera de 2013 como fecha de referencia para aplicar estos cambios en la atención ciudadana, el edil justificó que se ha seguido el calendario previsto y "ya se ha convocado la bolsa y ya a fecha de hoy (por ayer) tenemos a personas inscritas en ella".

Una situación convulsa para un servicio que es la principal toma de contacto entre los gasteiztarras y su Ayuntamiento. La idea del gobierno es que el cambio sea gradual y las oficinas funcionen como hasta ahora. Mientras, los trabajadores han convocado una nueva manifestación para mañana a las 11.00 horas en la Plaza Nueva.