El agua es el único elemento imprescindible para que surja la vida. Agua es precisamente lo que busca el Curiosity en Marte, por el agua se pelearon los agricultores y promotores inmobiliarios del Levante con sus vecinos aragoneses, los altos del Golan y sus fuentes son una de las grandes y más ocultas razones que perpetúan la guerra en Oriente Medio, y todas las poblaciones fundadas desde que el ser humano dejó de ser nómada se han asentado cerca de un río. El acceso al agua es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas.
Sin embargo, en el Estado español el agua está pasando a manos de empresas privadas -básicamente FCC y Agbar- mediante la fórmula de la privatización a la francesa, la que se quiere aplicar también en Vitoria. La operación consiste en vender el 49% de la sociedad municipal de aguas correspondiente, en este caso Amvisa, a la transnacional, mientras que el Ayuntamiento conserva el 51% restante. Dinero fresco en tiempos de crisis, en el caso de Vitoria alrededor de 40 millones, y además se mantiene la titularidad pública de la sociedad. ¿Dónde está entonces el problema?
En que la fórmula francesa establece dos tipos de acciones, las públicas, que dan derecho a, como ocurre en Zaragoza, un 30% de los beneficios; y las privadas, que otorgan a la empresa adjudicataria el 70% restante a modo de compensación por hacerse cargo de la gestión del complejo mundo del ciclo del agua, gestión que por otra parte los técnicos de Amvisa han llevado a cabo de forma excelente durante los últimos años, hasta el punto de que Gasteiz es referencia estatal en esta materia. Y además es la única sociedad municipal que da dinero cada año.
La privatización a la francesa contempla, como se ha dicho, dejar en manos de la empresa privada la gestión del recurso público, apoyándose en la experiencia, el know how que tienen estas sociedades, liberando así al Ayuntamiento de este trabajo y llevando la gestión del agua de todos al ámbito de la privacidad y la libertad empresarial amparadas por la Ley. Eso suele incluir los precios de este recurso sin el que cualquier ser humano moriría en menos de una semana, pero no serían unos precios de mercado, sino los que libremente decidiera la empresa agraciada con la contrata, pues la fórmula que se está aplicando en todo el Estado y que el alcalde Javier Maroto estudia es de facto un monopolio privado. Lo que antes eran tasas y ahora son precios en la mitad de las ciudades españolas -la privatización del agua ha alcanzado ya al 50% de ayuntamientos y mancomunidades-, dejan en muchos casos de fijarse en el Pleno y los decide la Junta de Gobierno Local. La presión que pueda ejercer la adjudicataria sobre el Gobierno municipal dependerá de cada caso particular.
"intereses ocultos" En el de Vitoria, el alcalde Maroto asegura que la fórmula de la "empresa de economía mixta" sólo se llevaría a cabo si se mantiene la actual plantilla de Amvisa y si no se tocan las actuales facturas. La oposición no le cree, y en algunos casos, como el del portavoz socialista Patxi Lazcoz, se ha llegado aún más lejos. "Maroto tiene intereses ocultos en repartir la tarta de la que comíamos todos y a la que ahora quiere invitar a las grandes multinacionales, con el fin de repartir los beneficios de una sociedad modélica en su gestión. Alguien se está buscando su retiro particular", ha llegado a asegurar.
Lo cierto es que para que salga adelante el proyecto, el PP necesita el respaldo del PSE, de Bildu o del PNV, y por ello Maroto llamó a la calma hace poco más de una semana. "Si no hay respaldo político no se va a hacer", afirmaron fuentes del Gobierno municipal a DNA.
Otra de las fórmulas que contemplan los contratos de privatización del agua en las ciudades españolas es la delegación en la empresa adjudicataria de los mercados de inputs secundarios, o lo que es lo mismo, de la subcontratación. Como señala el profesor Pedro Arrojo en su carta de denuncia sobre la operación llevada a cabo en Zaragoza, "de esta forma, todo este tipo de subcontratas quedan blindadas a la competencia, dejando de convocarse los habituales concursos públicos que se hacen desde la gestión pública, con la consiguiente subida de precios que quedan fijados por el socio privado".
Arrojo, creador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, profesor de Análisis Económico en la capital aragonesa y premio Goldman de Medioambiente, alerta: "El proyecto de privatización de Amvisa es un tema muy, muy grave, es lo mismo que está pasando en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, por encima del color del Gobierno, es una privatización encubierta, y en Vitoria hay una muy buena gestión pública que merece ser defendida", afirma.
Otra clave de estas operaciones es que las adjudicaciones suelen tener una vigencia que va más allá, no sólo de legislaturas, sino que puede que hasta de sistemas políticos. Zaragoza quiere firmar por 50 años, con unas condiciones de ruptura unilateral del contrato que permitirían a la empresa reclamar indemnizaciones millonarias por las inversiones realizadas y por el lucro cesante.
En Vitoria la idea lanzada por el PP no ha causado un impacto significativo entre la ciudadanía. Si lo ha hecho en la capital aragonesa, donde el proyecto de privatización ha sido frenado por la presión popular, que más que echar atrás a los ayuntamientos, ha sembrado la duda en los consejos de administración de las empresas aspirantes a gestionar el agua. "Los grandes grupos privados han dado marcha atrás, no se atreven a dar dinero por un proyecto que está en cuestión social y sometido a mil impugnaciones jurídicas. Habían ofrecido 45 millones y ante la bronca que hemos montado se lo han pensado; de momento han retirado la oferta, con lo cual el Ayuntamiento está intentando hacer otra más generosa", explica Arrojo.
El caso de la capital aragonesa es particular. Más paradigmático es lo que está sucediendo en otros ayuntamientos del Estado. El gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS, Luis Babiano, ha remitido a DNA diferentes documentos que muestran la situación que se está viviendo en multitud de municipios españoles en relación a la privatización del agua.
En Huelva, el PSOE denunció que desde que "se semiprivatizó la empresa pública ha subido más de un 30% el precio del agua en menos de un año mediante cuatro subidas de la factura". Los socialistas recordaban la promesa de que "la semiprivatización de Aguas de Huelva pagaría la deuda con proveedores y mejoraría la situación de Emtusa (la empresa de transporte urbano), y nada de eso se ha hecho", y por ello emplazaron al alcalde, Pedro Rodríguez, a que dijera "dónde ha ido a parar el dinero por la venta de este patrimonio de los ciudadanos".
Más casos. En León la privatización se realizó a finales del 2009 mediante la fórmula del 49%-51% y el abono al Ayuntamiento de 25 millones de euros. "Aquagest se aseguró la gerencia ejecutiva de la empresa, el control efectivo de la estrategia empresarial y de las decisiones económicas fundamentales", relata Babiano, y la factura del agua subió de forma inmediata un 2,8%. Lugo, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María o la Comunidad de Madrid siguen por la misma senda.
francia da marcha atrás Este tipo de procesos han generado no poca oposición ciudadana en multitud de ciudades. A la contestación de Zaragoza hay que sumar las 20.000 firmas que se recogieron en Avilés, que tiene 85.000 habitantes, para evitar la privatización; o el referéndum celebrado en Italia y mediante el que los ciudadanos de este país retuvieron la propiedad del agua. En Grenoble o París se ha recuperado la concesión, y en Latinoamérica la privatización del agua fracasó a principios del siglo XXI por la oposición popular, como señala Babiano. En Madrid, el proyecto para privatizar el Canal de Isabel II ha quedado en suspenso por la contestación de multitud de alcaldes, pues allí la gestión recae en el Gobierno regional.
Por otro lado, ya hay estudios que demuestran que la gestión pública es más eficaz que la privada. Babiano explica que hace 30 años la privatización podía mejorar el servicio al ciudadano, pero que en los últimos tiempos la excelencia en el tratamiento del ciclo del agua por parte de municipios y mancomunidades es precisamente lo que lo ha convertido en un negocio atractivo.
En ese sentido, el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada comparó la eficiencia de la gestión entre 28 sociedades públicas y 24 gestores privados, concluyendo que las empresas públicas son más eficientes que las privadas. Uno de los motivos es la "laxitud", explicó Babiano en un artículo, en el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración.
Desde AEOPAS se cree, "sin temor a equivocarse, que detrás de cada proceso de privatización hay una necesidad de financiación por parte de la entidad privatizadora". La empresa adjudicataria, por su parte, paga el canon mediante un crédito, fácil de obtener, pues cuenta con una concesión que habitualmente supera los veinte años y cuyo porcentaje de cobro se sitúa por encima del 95%. Lógico, si no se paga el agua, le cortan a uno el suministro. Así pues, para Babiano "el agua en España es un refugio financiero y somos los ciudadanos quienes pagamos estos créditos con su correspondiente interés y beneficio empresarial".
