Vitoria. A la oficina del síndico llegan todo tipo de quejas de los ciudadanos relacionadas con la institución local, desde cuestiones de carácter administrativo hasta otras relacionadas con los derechos humanos. Así ha sido, por ejemplo, en el caso de los menas, los menores extranjeros no acompañados. La Plataforma Alavesa de apoyo a Jóvenes Extranjeros interpuso una denuncia por la expulsión de varias de estas personas tras salir a la calle para protestar por las condiciones en las que eran tratadas, y por posteriores salidas que la plataforma consideró irregulares. Los jóvenes fueron denunciados por el Consejo del Menor de la Diputación por falsificación de documentación, al considerarse que portaban pasaportes falsos que acreditaban una supuesta minoría de edad, una acusación que no pudo ser demostrada ante la Justicia. Sin embargo, un decreto de la Fiscalía estipuló la realización de pruebas óseas para determinar la edad real de los chavales, que primó sobre unos pasaportes que eran legales a todos los efectos. Según la plataforma, la expulsión del centro de acogida dejaba a los jóvenes en el desamparo más absoluto -tuvieron que acoger a algunos en sus propias casas- y les sacaba del itinerario de inserción previsto por la Ley. El síndico afirmó que aunque el Ayuntamiento no es competente en esta materia, sí debía impulsar la coordinación con la Diputación para evitar la exclusión de los jóvenes.
Otra de las recomendaciones destacables del periodo 2011-2012 hace alusión al intento del Consistorio de cobrar el impuesto de plusvalías, por valor de casi 6.000 euros, a una mujer que había sido embargada y desahuciada. Otaola resolvió que el Ayuntamiento debía renunciar al cobro del impuesto, pues evidentemente en un desahucio la persona expulsada de su casa no obtiene plusvalía alguna, como ocurriría si se vende el inmueble en condiciones normales. Pidió también que se proponga a las Juntas la modificación de la norma en la que se amparó el Ayuntamiento para reclamarle esta cantidad a la mujer.
En todo caso, no todo lo que sale de la oficina del síndico atiende a graves problemas sociales. El propio Javier Otaola propuso, de oficio, que Vitoria cree un Centro de Interpretación de la Cultura Judía en el Casco Medieval, dado que la capital alavesa es la única capital vasca que cuenta con una calle de la Judería.
Al margen de las recomendaciones, Otaola también elaboró entre 2011 y 2012 un informe extraordinario relativo a las viviendas de protección oficial, tras recibir la queja de un vecino de Zabalgana que, al entrar en su piso protegido, se encontró con que no funcionaba la calefacción, los tabiques de pladur eran inestables, fallaba el sistema eléctrico y la iluminación, y los sistemas de aislamiento sonoro y térmico eran deficientes. En este caso, el defensor del vecino eximió de responsabilidad al Ayuntamiento y a Ensanche 21 y afirmó que en todo caso las quejas deberían dirigirse a la constructora, pero sí recordaba que en las adjudicaciones de VPO, en las que la institución municipal hace de intermediaria, deben garantizarse los derechos de los consumidores como en una venta libre.
Discriminación positiva Entre las desestimaciones dictadas por el síndico vitoriano en este periodo 2011-2012 cabe destacar la de la queja de una persona que denunció haber sido discriminada al no permitírsele participar en una actividad organizada por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de la ciudad por su condición de hombre. Otaola recordó que en cuestiones de género la Ley contempla la "discriminación relativa para compensar una situación de hecho de patente desigualdad", aun cuando "el demandante tiene razón en cuanto que nos encontramos ante un supuesto objetivo de discriminación".
Otaola también ha intermediado en el caso de una vivienda donde había seis personas empadronadas fraudulentamente, y emplazó tanto a policías locales como a ciudadanos a tratarse mutuamente con unas mínimas reglas de urbanidad. Ante la multitud de quejas registradas contra los agentes por un supuesto maltrato verbal, Otaola se reunió con la Policía y constató el malestar existente en el cuerpo ante la agresividad creciente de la ciudadanía, y alabó que el Ayuntamiento haya tomado medidas formar a los policías en el trato con la gente.
Al margen de estas actuaciones, el síndico participó en una mesa de diálogo creada para tratar la polémica sobre la instalación de una mezquita en el barrio de Zaramaga. Otaola recordó entonces que "la libertad religiosa no puede verse afectada por cuestiones de imagen, criterios de reciprocidad, prejuicios y suposiciones".
El defensor del vecino también intervino en una asamblea de indignados para orientarles sobre los diferentes cauces de participación ciudadana existentes, y firmó un convenio con la Asociación de Propietarios Urbanos de Álava para derivar las quejas sobre comunidades de vecinos.
