Vitoria. Primero estableció una tasa de 260 euros para gravar las viviendas vacías mediante un recargo en el recibo de la basura y ahora ha tenido que rectificar. El Ayuntamiento de Vitoria devolverá finalmente a 970 propietarios de VPO el cobro injusto de este canon, lo que supone que las arcas municipales dejarán de ingresar de ellos 252.000 euros. A esto hay que sumar las reclamaciones presentadas por los dueños de pisos alquilados a los que también les asiste la razón, ya que sus casas no están vacías sino arrendadas. En este caso, también se les aplicará la tarifa ordinaria de la basura, siempre y cuando hayan presentado su queja de forma correcta.
Hasta la fecha, el Consistorio ha recibido un total de 922 reclamaciones por causas diversas (empadronamientos erróneos, contratos de alquiler, fallos en el uso catastral...), de las que ha atendido la mitad.
En el caso de las VPO, el gabinete de Javier Maroto ha decidido finalmente aceptar las denuncias de quienes recibieron las llaves de sus pisos durante el último trimestre de 2011 porque el Gobierno Vasco da un plazo de tres meses a los adjudicatarios para empadronarse en su nueva vivienda, razón por la que muchos aún no lo estaban a fecha 1 de enero de 2012, ya que tienen de plazo hasta el 31 de marzo. "Vamos a atender esas reclamaciones de las personas que se encontraban en plazo de empadronamiento" explicó ayer el concejal de Hacienda, Manu Uriarte.
Al aceptar las quejas, el Ayuntamiento asume su error, pero sigue sin solucionar el problema de las viviendas vacías. la Corporación coincide en castigar el hecho de que sus propietarios no las saquen al mercado del alquiler o venta, pero de momento no sabe cómo hacerlo. Esto es, no encuentra la fórmula menos mala para aplicar este cobro, ya que la ley no define qué es una vivienda vacía. Maroto deja de momento esta decisión en manos de los ediles, que volverán a debatir este espinoso asunto a lo largo de este otoño para evitar nuevos errores cuando la tasa se intente cobrar otra vez en 2013.
El alcalde, a tenor de lo sucedido, está dispuesto a sustituir el criterio del padrón por el del consumo de agua, la fórmula planteada en un primer momento por el PNV, que los jeltzales siguen defendiendo. Sin embargo, ambos discrepan sobre su aplicación, ya que los nacionalistas piensan que debe hacerse en base a unos metros cúbicos mínimos de gasto y no al consumo global, pues perjudicaría a las familias numerosas. Bildu mantiene que el censo es el indicador idóneo, y el PSE culpa de los errores habidos a la mala gestión del PP.
El Ayuntamiento comenzó a girar los polémicos recibos a finales de agosto. A los pocos días llegaron a las oficinas municipales las primeras quejas, sobre todo de adjudicatarios de VPO a los que habían entregado los pisos en diciembre, razón por la que a 1 de enero aún no estaban empadronados en su nueva casa, y de inquilinos en alquiler no censados en Gasteiz.
Poco después fue el Síndico quien se hizo eco del asunto, recomendando al gobierno municipal la devolución del dinero en caso de que los demandantes demostrasen que la vivienda estaba ocupada. Javier Otaola viene a argumentar en los dos informes realizados sobre este tema que la tasa de basura no es la mejor forma de gravar las viviendas vacías. En su opinión, es una tarea que corresponde a la Diputación a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Por eso insta al Ayuntamiento a que dirija su petición a las Juntas Generales. El defensor vecinal apunta en su última recomendación que los tributos son ingresos públicos definidos legalmente, con una estructura precisa que no puede ser alterada arbitrariamente. "Mediante esta regulación anómala, el Ayuntamiento viene en realidad a crear de manera irregular, bajo la capa de la tasa de basuras, un impuesto nuevo que grava las viviendas desocupadas sin personas empadronadas", esgrime Otaola. Además, en la mayoría de los casos, los interesados acreditan documentalmente que dicha vivienda no está deshabitada sino que está siendo habitada, por lo que la tasa no cumple la finalidad pretendida.
El Ayuntamiento ha aplicado esta tasa a las 12.253 viviendas en las que no había nadie empadronado a fecha 1 de enero de 2012, según los datos facilitados por Hacienda, a pesar de que 8.299 de ellas tiene consumos de agua que justifican una mayor o menor ocupación. Con este cobro tenía previsto ingresar casi 3,2 millones de euros, cantidad que ahora se verá reducida.
