Vitoria. Acaba de comenzar el nuevo curso político y el Ayuntamiento ya tiene la primera patata caliente sobre la mesa: encontrar una fórmula justa para gravar a los propietarios de viviendas vacías, ya que la utilizada hasta ahora, el censo -apoyada por PP, PSE y Bildu- da errores y ya ha provocado decenas de denuncias ciudadanas.

Jurídicamente no está definido qué es una vivienda vacía. Algunos piensan que es tarea de la Diputación. Pero hasta que no se resuelva el problema de fondo es el Ayuntamiento quien fija los criterios. Y ahí es donde se abre la herida. Los partidos discrepan sobre el criterio menos malo para cobrar una tasa por cada casa deshabitada. El alcalde, a tenor de las numerosas reclamaciones, está dispuesto a sustituir el criterio del padrón por el del agua, la fórmula planteada en un primer momento por el PNV, que los jeltzales siguen defendiendo. Bildu, por el contrario, mantiene que el censo es mejor. Al igual que el PSE, que culpa de los errores habidos a la mala gestión que se ha hecho. Mientras tanto, las facturas siguen llegando a los buzones de Vitoria.

A finales de agosto, el Ayuntamiento comenzó a girar los recibos. A los pocos días comenzaron las primeras quejas, sobre todo de adjudicatarios de VPO a los que habían entregado los pisos en diciembre, razón por la que a 1 de enero aún no estaban empadronados, y de inquilinos en alquiler no empadronados en Gasteiz. Los primeros tendrán que pagar, si no lo han hecho ya, al menos los 260 euros correspondientes a 2012; los segundos quedarán exentos si demuestran -con facturas de agua, luz, gas y contrato de arrendamiento- que su hogar tiene vida, y el Ayuntamiento resuelve a su favor.

Hay vida Un "absoluto" error -para el PNV-, que demuestra que estar o no empadronado a fecha 1 de enero de 2012 no revela si una vivienda está vacía. La solución menos mala para el grupo nacionalista es fijarse en el consumo de agua, un indicativo de que hay vida. Eso sí, siempre que se consideren unos metros cúbicos mínimos, no el volumen global de agua gastada porque eso perjudicaría, por ejemplo, a las familias numerosas, según explica el portavoz jeltzale, Gorka Urtaran.

En cambio, para Bildu, el criterio del padrón, aunque no es perfecto, sigue siendo mejor que el del agua, aunque reconoce que hay casos particulares injustos. Por ello, la coalición abertzale se muestra dispuesta a mejorar el actual sistema de cara a 2013, pero con una propuesta exacta sobre la mesa, apunta el concejal Antxon Belakortu. "La tasa es para cobrar a los que más tienen y esos no son, precisamente, los adjudicatarios de una vivienda protegida", asegura.

En opinión del PSE, lo que falla es el sistema, y lo que tiene que hacer el gobierno de Maroto es mejorar la gestión que de este cobro se está realizando, evitar las situaciones especialmente injustas que han salido a la luz y devolver el dinero en aquellos casos en los que se demuestre que la vivienda está habitada, enumera Patxi Lazcoz, nada partidario de utilizar el indicador del consumo de agua porque "enseguida surge la picaresca". También el Síndico, Javier Otaola, avala la devolución del dinero en caso de que se demuestre que la vivienda está ocupada.

El Ayuntamiento ha aplicado la tasa de basura a las 12.253 viviendas en las que no había nadie empadronado a fecha 1 de enero de 2012, según los datos facilitados por Hacienda, a pesar de que 8.299 de ellas tiene consumos de agua que justifican una mayor o menor ocupación. Los recibos comenzaron a girarse el 30 de agosto y el plazo de pago voluntario finalizará el 30 de octubre. A partir del día siguiente comenzará a aplicarse un recargo del 5%.

El Ayuntamiento prevé ingresar con esta tasa casi 3,2 millones de euros, de los que 2,1 millones se cobrarían de forma injusta -desvela el PNV-, dado que hay consumo de agua en los pisos. En paralelo, dejará de percibir 2,8 millones, que deberían ser abonados por los dueños de las viviendas que están realmente vacías, pero que tienen a alguien empadronado de forma ficticia, denuncian los jeltzales.

Y es que la casuística es tan variada que el Ayuntamiento no atina, de momento, con la fórmula idónea para castigar a los propietarios de viviendas vacías, entre los que hay particulares, cajas y bancos, empresas constructoras e inmobiliarias, pero también instituciones.