Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria asume el error por el que se les ha cobrado un sobreprecio de 1,2 millones de euros a un total de 132 familias gasteiztarras por sus viviendas de protección oficial ubicadas en Arkaiate. Así, anuncia que hará "todo lo posible", incluso acudir a los tribunales, para que la empresa constructora de esta promoción devuelva el dinero a los propietarios afectados.

Al parecer, el fallo fue cometido por la sociedad pública Ensanche 21 que entre finales de 2007 y principios de 2008 vendió cinco parcelas para la construcción de VPO en el sector 12 de Arkaiate. Dos de ellas fueron adjudicadas a la empresa Construcciones Montenegro S.A., con capacidad cada una para 66 pisos. En concreto, la adjudicación se realizó el 29 de noviembre de 2007. Sin embargo, un error en la fecha de notificación de la adjudicación, que en lugar de hacerse un día después (30 de noviembre), como suele ser el procedimiento habitual en Ensanche 21, se hizo el 1 de diciembre, posibilitó que Montenegro aplicara la subida de precios prevista para el año 2008. De esta forma, el precio del metro cuadrado pasó de los 1.384 euros previstos inicialmente, a los 1.452 euros que finalmente pagaron las familias, o lo que es lo mismo, 8.800 euros más por cada una de las 132 viviendas adjudicadas.

Los hechos fueron denunciados ayer por el PNV, que explicó que llevaba semanas trabajando sobre este asunto tras constatar la existencia de denuncias por parte de los vecinos de esta promoción de Arkaiate. Pocos minutos después de que los jeltzales, de la mano de su portavoz Gorka Urtaran, dieran a conocer lo ocurrido fue el propio concejal de Urbanismo, Miguel Garnica, quien se personó en la sala de prensa del Ayuntamiento para dar su versión.

El edil popular reconoció que, tras consultar a Ensanche 21, la sociedad urbanística asumía su error por lo ocurrido hace casi cinco años. Garnica recordó que cualquier responsabilidad debía recaer sobre el anterior gobierno liderado por Patxi Lazcoz, ya que fue durante la legislatura socialista cuando se realizaron las notificaciones. Sin embargo, anunció que exigirá a la constructora que devuelva a los propietarios de los pisos protegidos el sobreprecio pagado. "Vamos a hacer todo lo posible para reclamar ese dinero, incluso acudiendo al juzgado", aseguró.

El PSE, por su parte, quiere evitar quedar como el único culpable de lo sucedido. Así, en un comunicado recordó ayer, por una parte, que la determinación del precio de las viviendas se aprobó en una sesión del consejo de administración de Ensanche 21 celebrada el 10 de abril de 2008, en la que no hubo ningún voto en contra y, por otra parte, que en marzo de 2012, ante las denuncias de los vecinos afectados, el portavoz socialista solicitó a la sociedad pública que se hiciera una revisión de diversos casos concretos para comprobar si la fijación del precio de la vivienda había sido la correcta, con el fin de zanjar dudas. "Por lo tanto, es evidente que desde que se empezaron a recibir las quejas, el PSE advirtió de la situación y Maroto no ha mostrado el más mínimo interés por resolver la situación", añadió.

También el PNV denunció la actuación del alcalde "al no controlar el funcionamiento de Ensanche 21 y no atender las reclamaciones de los vecinos que desde hace un mes están pidiendo que se revise la situación". "Con su desidia ha perjudicado de forma importante a 132 familias y ha favorecido los intereses de la constructora", dijo Urtaran.