vitoria. Faltaba un tercer actor en la polémica sobre la financiación del tranvía de Abetxuko y ya ha entrado en juego. El PNV acusó ayer a la Diputación alavesa de "mentir" al decir que no hay ningún convenio con el Gobierno Vasco y el Consistorio gasteiztarra para costear este tramo del metro ligero y que no existe ninguna partida comprometida, ya sea por el actual ejecutivo foral de Javier de Andrés o por el anterior de Xabier Agirre. Según los jeltzales, en el presupuesto de la Diputación aparece una cuantía denominada Convenio Tranvía Vitoria-Gasteiz. Eso sí, de sólo 85.777 euros, porque los populares la "redujeron" al llegar al poder.
El PNV juntero aseguró que para 2011 ya estaba prevista una partida de 225.000 euros que se amplió hasta 310.100 y que además incluía un crédito de compromiso para este año de 256.762 euros. "Y el Gobierno foral del PP la ha mantenido, aunque rebajándola", matizó. Así pues, el hecho de que esa cantidad se llame Convenio Tranvía Vitoria-Gasteiz demuestra, a juicio de los jeltzales, la existencia del acuerdo. Y el hecho de que hubiera sido recortada "desvela que el PP había decidido ya en diciembre no cumplir el compromiso" adquirido.
"Esta partida acredita que De Andrés ha mentido al negar la existencia del convenio y demuestra que no tiene ninguna lealtad institucional", criticó el portavoz juntero del PNV, Ramiro González. En el Ayuntamiento gasteiztarra, su compañero Gorka Urtaran fue igual de claro. "Hay dos convenios: uno de 2010 y otro incluso anterior, de 2006, con Ramón Rabanera", advirtió el concejal, quien atribuyó la negativa del ejecutivo foral a pagar su parte a "una pugna partidista, electoralista y repugnante que castiga los intereses de la ciudad". Por eso, criticó al gabinete Maroto por mantenerse en silencio en vez de exigir responsabilidades a sus colegas de partido. Curiosamente, el edil popular de Hacienda, Manu Uriarte, llegó a reprocharle que hubiera traído el debate al Consistorio, como si en este foro no tuviera sentido.
Y eso que el Gobierno Vasco ha dicho que si la Diputación no paga los 1,1 millones que supuestamente le corresponden deberá hacerlo el Consistorio. "Nosotros pagaremos nuestra parte", se limitó a señalar Uriarte. Por su parte, el Ejecutivo foral insistió en su postura. Según dijo, el único documento es una propuesta de voluntades entre las tres instituciones, "no un convenio ratificado por las Juntas Generales". Respecto a la partida de 85.777 euros, reconoció su existencia pero alegó que con ella es imposible afrontar el pago que se le exige.
