vitoria. Hostilidades abiertas en el seno de Gilsa, la empresa pública que gestiona las parcelas de Jundiz. La Sociedad de Promoción y Gestión de Suelo Industrial, Sprilur, órgano dependiente del Gobierno Vasco, arremetió ayer contra el plan de choque contra el desempleo presentado por el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, consistente en ofrecer ventajas a los empresarios que quieran asentarse en el polígono gasteiztarra si antes contratan a personas desempleadas de la ciudad. Los representantes de Sprilur, que forman parte del grupo de socios institucionales de Gilsa, advirtieron ayer al primer edil de que su iniciativa, que pasa por ofertar parcelas bonificadas en régimen de compraventa y alquiler, será rechazada, ya que "la Comisión Europea no permite subvenciones de este tipo ya que pueden suponer ayuda de Estado". Por su parte, el alcalde aseguró ayer que remitirá el contenido de la iniciativa al Tribunal de la Competencia de Bruselas y que no iniciará la fase piloto de su plan hasta no contar con todas las garantías jurídicas necesarias.

Los portavoces de Sprilur censuraron la manera en que Maroto presentó su idea, "una semana después de hacerla pública, fuera del orden del día y sin aportar más concreciones". Además, le avisaron de que "una reducción del precio por debajo del mercado puede, además de ser considerada ayuda de Estado, favorecer la especulación y una competencia desleal para los empresarios privados".

El primer edil insistió por su parte en que no quiere pillarse los dedos al aplicar su iniciativa y no dudó en recordar experiencias que, a la postre, han resultado económicamente traumáticas para la capital alavesa, como las de Daewoo. Esmaltaciones San Ignacio o las malogradas vacaciones fiscales. Confió en que en esta ocasión nadie trabe su idea de ofertar ventajosamente parcelas industriales a las empresas, pero por si acaso elige no arriesgarse. "Algunas otras comunidades autónomas han puesto ya en marcha modelos similares sin tener esta seguridad, pero nosotros preferimos no repetir los errores del pasado", advirtió.

Su plan se estructura en torno a dos propuestas. La primera consiste en ofrecer a los empresarios el suelo en compraventa y permitirles pagar transcurrido un tiempo prudencial. La segunda alternativa se basa en ofertar a las empresas la posibilidad de alquilar el suelo con bonificaciones en lugar de adquirirlo. Ambas vías pasarían necesariamente por que las firmas contrataran a personas desempleadas de la capital alavesa.

El suelo elegido para llevar a cabo el proyecto es el polígono industrial de Jundiz, gestionado por Gilsa. Este enclave cuenta aún con 600.000 euros libres, abiertos a la instalación de nuevas empresas. Maroto puntualizó que no toda esta superficie estará disponible "de golpe" para la puesta en marcha de la iniciativa y subrayó que, de momento, el Ayuntamiento sólo tiene en mente aplicar la experiencia piloto para extraer conclusiones y optimizar el proceso. No obstante, recordó que Gilsa lleva 16 meses sin vender una sola parcela y que si la idea tiene éxito, podrían generarse 2.000 puestos de trabajo gracias a una iniciativa "que tendrá coste cero para el Ayuntamiento".