La cruzada emprendida por Javier Maroto contra el fraude social y las consecuencias que tendrán los recortes aplicados por el alcalde en este ámbito regresan al Ayuntamiento de Gasteiz periódicamente y encienden el debate. Ayer se vivieron nuevos desencuentros entre el PPy la oposición a cuenta de la política social del equipo de gobierno municipal. No sólo por el supuesto cobro masivo de ayudas de forma irregular que el Consistorio tanto ha insistido en denunciar durante los últimos meses, sino por otras iniciativas como la supresión de las prestaciones económicas para alimentación a jóvenes sin entorno familiar. PSE y PNVacusaron al gabinete popular de desmantelar progresivamente los servicios sociales de la ciudad con sus decisiones, al tiempo que Ainhoa Domaica, edil responsable del área, insistió en defender las medidas tomadas hasta el momento.

La sustitución de las ayudas a jóvenes no acompañados de 18 a 25 años por vales de comida -sólo se les ofrecerá a partir de ahora ayudas para el alquiler de vivienda- fue censurada con dureza por socialistas y jeltzales, convencidos de que los afectados sufrirán a partir de ahora situaciones dramáticas. Nerea Melgosa, concejal del PNV, recordó a Domaica que las trabajadoras sociales realizan un control “exhaustivo” de los gastos realizados por estos chavales a través de las facturas -se les daba más de 650 euros mensuales- y acusó al gobierno de lanzar “globos sonda apestosos que están haciendo muchísimo daño a la cohesión social de Vitoria”. Ahora, jóvenes como los del centro de formación profesional ocupacional Ignacio Ellacuría ni siquiera pueden llegar al comedor cuando acaban su actividad porque sus puertas ya están cerradas, advirtió Melgosa. “Se están cargando el Estado del bienestar, que ahora empieza a llamarse estado del malestar y de la sospecha”, censuró.