El PNV y el PSE-EE se niegan a derogar la norma de presupuestos de Álava

En una requisitoria firmada por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, la Abogacía del Estado pide a las Juntas alavesas que deroguen esta norma al considerar que no se ajusta al reparto competencial.

Urquijo anuncia que si no lo hacen, la Abogacía del Estado presentará un recurso en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El portavoz del PNV en las Juntas Generales de Álava, Ramiro González, ha acusado hoy al PP de pretender "arrebatar competencias" forales para entregárselas al Gobierno español.

En contra de lo argumentado por Urquijo, ha asegurado que Álava tiene competencias para regular el modo en el que deben ser aprobados los presupuestos de las entidades locales de la provincia, una competencia que, ha dicho, emana del Concierto Económico y que lo ratificó así la Comisión Arbitral de Euskadi en 2003.

Ha añadido que lo que ha recurrido el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y los concejales del Ayuntamiento, y sobre lo que ahora anuncia recurso la Abogacía del Estado si no se deroga, es una modificación de una norma aprobada en 2004 "bajo el Gobierno del PP" y que entonces "nadie recurrió".

González ha considerado una "amenaza" el requerimiento del delegado del Gobierno, al que ha dicho que no tiene "ninguna legitimidad" para pedir a una Cámara que derogue una norma que ha aprobado de manera "democrática y mayoritaria".

Ha denunciado el, a su juicio, "afán recentralizador" del PP, un partido que ha hecho un "reparto de papeles" en este asunto, ya que Maroto "no quiere mancharse las manos" al afirmar que las Juntas Generales no tienen competencias y eso, el "trabajo sucio, se lo deja al Abogado del Estado".

El portavoz del PNV ha anunciado que su grupo va a defender las competencias de las instituciones comunes y forales, el autogobierno, y ha hecho un llamamiento del PSE-EE y a Bildu para que "se sumen al PNV en esta defensa frente al ataque" del PP.

Por último, González ha mostrado su extrañeza por algunas situaciones relacionadas con toda esta polémica, como por ejemplo el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que el pasado viernes decretó la suspensión cautelar de la obligatoriedad del Ayuntamiento de Vitoria de presentar el presupuesto.

Ha señalado que es "extraño y extraordinario" un pronunciamiento de este tipo en un plazo de 24 horas, cuando normalmente un asunto judicial en ese plazo "no pasa del registro general".

La portavoz del PSE-EE en las Juntas Generales de Álava, Cristina González, también se ha referido hoy a este requerimiento y ha dicho que "cuando el PP pierde en la política se dedica a judicializar las decisiones y acuerdos políticos".

González ha añadido que el hecho de que el Abogado del Estado, "que depende del Gobierno, recurra esta norma competencial demuestra una intencionalidad del PP y su inseguridad política" y ha recalcado que los presupuestos de las instituciones son un "derecho para los ciudadanos para saber a qué se van a dedicar los recursos públicos".

"Los ciudadanos pagan sus impuestos y hay que devolverlos en forma de servicios e inversiones, con unas decisiones que deben ser tomadas por mayorías y no por decretos de Alcaldía", ha recalcado.

El portavoz de Bildu en la Cámara foral, Gorka Ortiz de Guinea, ha lamentado que con toda esta polémica la perjudicada es la ciudadanía, que "ha visto cercenado su derecho a debatir los presupuestos y que pagará las consecuencias de los drásticos recortes aplicados por Maroto".

Bildu ha añadido que el culpable de todo esto no es sólo el alcalde de Vitoria, sino que el "verdadero culpable es el PNV, porque ha permitido a Maroto contar con un plan de inversiones que le da margen de maniobra para poder gobernar con unos presupuestos prorrogados y por haber intentado lavar su imagen derivando un debate a la institución que no le correspondía", en referencia a las Juntas Generales. EFE