Vitoria. Las elecciones del 20-N se juegan en Madrid, pero su sombra llega hasta Vitoria. En el debate de ayer para la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales de 2012, el resultado obtenido tras las votaciones pareció quedar en un segundo plano, seguramente porque ya había quedado definido casi en su totalidad en la comisión del pasado viernes. Los grupos, sobre todo el PNV y el PSE, llegaron al Pleno con los cuchillos afilados, dispuestos a convertir el foro en un cruce de acusaciones donde nadie quedó a salvo, de mensajes preocupantes sobre el estado de la ciudad, de miradas críticas al pasado, de reproches por los pactos en instituciones superiores, de insinuaciones sobre alianzas en la sombra... Los discursos se extendieron más de hora y media, pero el alzado de manos fue muy rápido. En unos minutos quedó determinado el futuro de los vitorianos: congelación de todos los impuestos y de la mayoría de precios públicos, subida del 6,23% en la tasa del agua, distintos incrementos en la de basuras según criterios de progresividad fiscal y aplicación del IPC para todas las demás.

El gabinete de Javier Maroto ha logrado así salvar su compromiso electoral de congelar los impuestos, pero ha incumplido el resto. Decía que del conjunto de tasas sólo iba a incrementar la de la basura -amén de la del agua, sujeta a una directiva europea-, pero finalmente habrá IPC para todas las demás. La razón está en la alianza Bildu-PSE, que ha sacado adelante unas subidas en la tasa de desechos -enmienda de los abertzales- con las que no se iba a poder recaudar tanto dinero como con la fórmula que planteaba el PP. Por eso, en la comisión del pasado viernes el gobierno decidió abstenerse y dejar que la propuesta de los socialistas de aplicar el IPC al resto de tasas saliera adelante con los votos de sus autores y de Bildu. Ayer, sin embargo, se vio obligado a mojarse mucho más.

El PSE decidió abstenerse en vez de decir sí a la aplicación del IPC en las tasas aunque la exigencia fuera suya, sólo para obligar al gabinete Maroto a votar a favor. Después, hizo lo mismo con los precios públicos. Una artimaña que al equipo de gobierno no le gustó. "Presenta enmiendas y salen sin su voto. Es una postura muy infantil", aseguró el concejal de Hacienda, Manu Uriarte.

Votos aparte, las posturas de cada grupo tras quedar definido el proyecto de ordenanzas fueron muy distintas. El PP se mostró orgulloso del documento obtenido, el PNV arremetió contra todos por considerar que no se puede apoyar a un partido que desde el poder "hace recortes sociales", el PSE criticó al gobierno por no haberse sumado al cien por cien de sus enmiendas y Bildu le devolvió el ataque a los nacionalistas recordando que es mejor "tratar de llegar a pactos" por el bien de la ciudad que "defender intereses partidistas" que lo que inviten es a dejarle sin dinero para afrontar retos.