Vitoria. Mañana arranca el debate de las ordenanzas fiscales que regirán el destino de los vitorianos el año que viene. A diferencia de la pasada legislatura, en la que el PSE y PNV sumaron fuerzas ejercicio tras ejercicio, esta vez el gobierno va a tener que ceder mucho si quiere que alguna de sus aspiraciones fructifique. El gabinete de Javier Maroto no sólo no ha logrado llegar a acuerdos previos sobre su proyecto con ningún grupo, sino que ha visto cómo las estrategias se cuecen con más facilidad dentro de las filas de la oposición. Socialistas y abertzales se han reunido para compartir iniciativas, tal vez en un intento de sacar adelante un documento que lleve su etiqueta. Y ninguno de los dos ha ocultado que hay un buen feeling. Así que ayer, cuando los partidos ya habían registrado sus enmiendas y estaban a disposición de todos los ediles, el PP realizó un último llamamiento al consenso para tratar de que no sea sólo él quien tenga que hacer renuncias.
El gabinete de Javier Maroto es consciente de su debilidad como gobierno en minoría: nueve concejales, frente a los seis del PNV, los seis del PSE y los seis de Bildu. No obstante, considera que por el bien de Vitoria es mejor que "todos los grupos cedan" a que se establezcan alianzas en las trincheras. "Nosotros estamos abiertos y creo que se puede llegar a acuerdos. Por eso, confiamos en la buena voluntad del resto de partidos", subrayó ayer el concejal de Hacienda, Manu Uriarte. A lo largo de la mañana había ido recibiendo las enmiendas de los partidos de la oposición y sus sensaciones tras un primer análisis eran positivas. "Algunas son interesantes y razonables. Otras quizá resultan más complejas, pero no nos cerramos a escuchar ninguna aportación", aseguró el edil.
El optimismo del PP contrasta, sin embargo, con las declaraciones que hasta ahora han realizado el resto de formaciones. Todas mostraron su rechazo inicial al proyecto del equipo de gobierno, que en líneas generales plantea congelaciones en todos los impuestos y tasas, a excepción de la subida de la de las basuras -y, como novedad, su vinculación al consumo del agua-. Según dijeron, el borrador se situaba en las antípodas de sus planteamientos. Una impresión que Uriarte no comprende ya que, a su juicio, el documento presentado por los populares "coincide al 99% con las ordenanzas fiscales que están ahora vigentes, y que son las que pactaron socialistas y nacionalistas".
El gabinete Maroto, en cualquier caso, no se puede permitir una actitud crítica ni exigente. Ahora toca analizar con buenos ojos las propuestas de la oposición, y así lo está haciendo con las 42 enmiendas del PSE, las únicas que ayer se hicieron públicas a los medios de comunicación. "Algunas no son las que más nos gustarían, pero se puede llegar a un pacto", reconoció Uriarte. En el apartado de impuestos, los socialistas plantean la congelación del IBI y la subida del IPC para el resto (3,1%), además de un incremento del 20% en el impuesto de vehículos para los coches de alta gama y la eliminación de bonificaciones a rentas familiares superiores a los 100.000 euros tanto en el IBI como en el impuesto de construcciones.
Respecto a las tasas, la norma general es aplicar el IPC con las siguientes excepciones: incremento del 20% en licencias urbanísticas, subida del 5% en las basuras y congelación del servicio del agua en las tarifas primera y segunda -lo que es el consumo-. En cuanto a los precios públicos, el PSE propone congelar los correspondientes a servicios sociales y educativos y a políticas de empleo y calidad de vida, así como la supresión de las bonificaciones a rentas familiares superiores a 100.000 euros anuales en la escuela de música, el conservatorio de danza, la academia de folklore y las instalaciones deportivas.
"Queremos garantizar las prestaciones y servicios sociales municipales y queremos que aporte más quien esté en condiciones de hacerlo. En esta situación de crisis no se puede exigir a todo el mundo por igual", resumió la concejala socialista Marian Gutiérrez. Una filosofía que a Uriarte no le disgusta, ya que hace tiempo que el Ayuntamiento decidió incorporar criterios de progresividad fiscal, pero se pregunta si será posible técnicamente allí donde el PSE la ha propuesto.
