E L debate sobre la posible implantación del tranvía en Vitoria se desarrolló entre 1996 y 1997 en el Ayuntamiento. Entonces se dijo no a la propuesta del Gobierno Vasco, que estaba dispuesto a asumir el coste de la operación. Sólo tres años después, el asunto dio un vuelco, ya con el PP al frente del Consistorio de Vitoria. Así, en 2006 se manejaban los presupuestos y plazos de la llegada del metro ligero a la capital alavesa: para diciembre de 2008 se esperaba que este nuevo medio de transporte circulara por la ciudad tras una inversión de 66 millones de euros. Dos terceras partes las asumía el Gobierno Vasco, pero el resto, a partes iguales, lo aportaban la Diputación y, ahora sí, el Consistorio.
El anterior ejecutivo Lazcoz utilizó a menudo este ejemplo, ante los continuos reproches por su gasto económico en proyectos como el BAI Center, para hablar de las dudas y los costes evitables que acumula la historia de la ciudad. Estas acusaciones no entienden de épocas ni de colores políticos. Si todas las promesas realizadas se hubieran concretado, el entorno de Nanclares tendría un parque de tiempo libre, El Campillo contaría con parking, las cuatro torres de Vitoria serían cinco, habría un auditorio en La Senda y otro en Euskaltzaindia, y la sociedad del soterramiento encabezaría los trámites para esconder las vías del tren.
Pero el problema no es sólo que cada partido venda su libro, sino también el coste que eso supone para las arcas municipales. Y no todo son grandes proyectos estratégicos. Cuerda impulsó el Centro de Imagen y Nuevas Tecnologías y luego lo cerró; también se creó el semillero de empresas de Iparralde que progresivamente ha cedido terreno en favor del centro cívico -la última inversión fue a comienzos de 2010 de 272.000 euros-. Alonso impulsó la reforma del cantón del Seminario en 2006 y, cinco años después, aún se espera la llegada de las rampas mecánicas -el Gobierno Vasco ha reservado 1,5 millones-. Lazcoz adjudicó una nueva parada de urbanos en América Latina y, este verano, Maroto introdujo nuevos carriles en la rotonda por más de 330.000 euros. Y General Álava, como gran ejemplo, se ha semipeatonalizado, ha afrontado las obras del tranvía, las reparaciones de baches y todavía no tiene una solución definitiva. Los ciudadanos, mientras, se preguntan por qué hay reformas que no se plantean de una vez, para evitar gastos de tiempo y dinero.
Unos y otros se acusan de haber malgastado el dinero público, pero lo único claro de este debate es que, sea el que sea el que tiene la razón, la ciudadanía sale perdiendo. Sobre todo en los litigios del Consistorio. Alonso inició y reinició la expropiación de terrenos para levantar el jardín botánico de Olarizu, mientras Lazcoz recibió un varapalo con el caso Matauco, cuando la Justicia rechazó la multa impuesta por el Consistorio a una empresa por la reforma de una vivienda. En ambos casos se habló de elevadas indemnizaciones.
Una de las críticas más repetidas al gabinete Alonso, por ejemplo, se centra en la inauguración de los viales de Sidenor. El acto tuvo lugar el 9 de junio de 2004, sin dar por recepcionada la obra de forma oficial y con unos remates pendientes. Una sentencia reconoció después como final de obra esta jornada, por lo que pasó el tiempo para reclamar las reformas -se habló de 40 fallos- debidas. Lazcoz denunció recientemente que "a mí no se me hubiera ocurrido que hacer una fiesta por inaugurar unas obras nos cueste la broma de un millón de euros".
Con todo, según informes presentados en junio en el Consistorio, Vitoria acumula una deuda viva de 140 millones, por encima de los 90 de San Sebastián o los 3 de Bilbao. La cifra creció durante la época Lazcoz en un 55%. Pero los socialistas, mientras, criticaron que durante los dos gobiernos de Alonso, y en época de bonanza económica, el balance había aumentado en un 150%. Y más de un partido se ha acordado de la alegría con la que la ciudad se desprendió de terrenos en la época Cuerda.
La crisis ha avivado esos recuerdos. Pero el alcalde que afrontó "las peores condiciones que se podían imaginar", Patxi Lazcoz, insistió en referirse a la crisis como una oportunidad y no como una razón para no hacer grandes apuestas como el BAI Center, la estación de autobuses de Arriaga o el nuevo palacio de los deportes. Todos tuvieron proyecto, pero el relevo municipal ha propiciado que ninguno siga adelante. En pleno debate sobre la viabilidad del complejo del auditorio, en marzo de 2010, el entonces gabinete Lazcoz aseguró que se habían gastado 4,4 millones en el proyecto entre el proyecto acústico, la ingeniería y el arquitecto ganador. El proyecto de la estación de Arriaga, mientras, se adjudicó por unos 680.000 euros; readaptarlo a Euskaltzaindia e incluir un parking con 360 plazas eleva ese coste -sólo se paga una vez, no dos- a 700.000. En cuanto al proyecto Kronos, para convertir a Vitoria en la ciudad del deporte, el equipo de gobierno entonces tuvo cintura y, cuando ya preveía adjudicar el proyecto -se habían reservado 1,05 millones, pero se esperaba cerrarlo por unos 840.000-, lo frenó. No tenía sentido legar un proyecto criticado al futuro gobierno.
Las exigidas medidas de recorte a los funcionarios planteadas desde Madrid, mientras, motivaron que los sindicatos elaboraran un documento sobre los presuntos "derroches" del gabinete. Por partida doble. Ese informe recordaba los 30.000 euros invertidos en el proyecto para cubrir diversas calles del centro, el "millón de dólares gastados en una maqueta acústica -la del BAI- que no sirve para nada" o el sueldo del entonces gerente del futuro complejo, de "10.000 euros mensuales".
El coste de fichajes estrella como el de José Ramón Villar -y el pago de sus blindajes- es un problema que se ha repetido en las últimas legislaturas. El actual alcalde, el popular Javier Maroto, ya se ha comprometido a estudiar cómo reestructurar las sociedades municipales, algo que puede permitir ahorrar "millones" cada año a las arcas municipales. El primer edil también ha apostado por realizar pequeños gestos con gran repercusión mediática, como la eliminación de la recepción de La Blanca -costaba más de 27.450 euros- o de la reserva de entradas para concejales. La austeridad y el rigor económico fueron dos de las promesas electorales de Javier Maroto si se convertía en alcalde de Vitoria. Sólo el tiempo puede aclarar si era una crítica, un compromiso o sólo un nuevo derroche de ambición.
