Vitoria. Según qué concejal hable, la estación de autobuses que se proyecta en la plaza de Euskaltzaindia será la mejor de todas las terminales planteadas hasta ahora por tan sólo 438.000 euros más, una infraestructura con un sobrecoste de siete millones respecto a la diseñada en la pasada legislatura en el parque de Arriaga, un atentado a la calidad de vida de los vecinos al proponerse el acceso del tráfico por la calle Donostia, el adiós definitivo a la intermodalidad, o la mejor de las soluciones posibles para tapar el agujero de una obra, el BAI Center, iniciada de forma irresponsable. Las reflexiones corresponden, respectivamente, al PP, PNV, PSE y Bildu, cuatro partidos agrupados en dos bandos bien definidos y con los cuchillos cada día más afilados: gobierno y abertzales por un lado, jeltzales y socialistas por otro.
El cruce de dentelladas volvió ayer al Consistorio después de que el equipo de gobierno avanzara a través de varios medios de comunicación dos importantes detalles. Por un lado, que los arquitectos encargados de la readaptación del proyecto proponen el acceso del tráfico a través de la calle Donostia. Por otro, que la nueva terminal costará 438.537 euros más debido a la mayor amplitud de las dársenas; un dinero al que habrá que sumar 6,9 millones por la construcción del ya anunciado parking de 360 plazas y otros 706.166 euros para hacer desaparecer las huellas del BAIC. Eran buenas noticias para el gabinete de Javier Maroto, pero no para el tándem defensor de la terminal primigénea en Arriaga.
El PNV fue el primero en abrir fuego exigiendo la paralización del proyecto. Principalmente, por su sobrecoste. El pliego de condiciones de la estación en el parque hablaba de 21,4 millones de euros. El de ahora, añade "otros 7", reprochó el portavoz jeltzale, Gorka Urtaran. Además, faltan por incluir los gastos que se derivarán de la suspensión del BAIC, cifra que aún no se ha concretado.
Urtaran también alertó de que el Plan General de Ordenación Urbana no permite a día de hoy la construcción de una estación en Euskaltzaindia, por lo que sería "una temeridad contratar las obras sin respetar la normativa". En su defensa, el gabinete Maroto alegó que se hará la modificación pertinente cuando llegue la hora. Otra cuestión es si, legalidad aparte, el proyecto cuenta con el beneplácito vecinal. El PNV advirtió de que "nos están llegando noticias de un importante grado de preocupación". Y, por ello, exigió a Bildu, como valedor del PP en este plan, que sea consecuente con su apuesta por la participación ciudadana y "consulte esta decisión con los afectados".
El aludido no tardó en responder. "Es impresentable que Urtaran nos haga esta petición cuando el PNV negó hasta dos veces hacer un referendum sobre la estación de Arriaga". El edil abertzale Antxon Belakortu tachó al portavoz jeltzale de "cínico" y le advirtió de que "no puede hablar de sobrecoste" cuando la Geltokia de los nacionalistas defendía la necesidad de un aparcamiento. "Además, el verdadero sobrecoste habría sido construir el BAIC".
El PSE prefirió centrarse en la decisión de introducir los autobuses por la calle Donostia. Patxi Lazcoz consideró que la propuesta es disparatada por los humos, ruidos y volumen de tráfico que deberán soportar los vecinos en una zona "con una alta densidad de centros educativos, guarderías y apartamentos para mayores". A su juicio, primero debería haberse elaborado un estudio de impacto ambiental y otro sobre su viabilidad económica. "Es una operación oportunista", censuró el portavoz socialista. Y eso por no hablar de la intermodalidad. Según Lazcoz y Urtaran, "se ha roto".
