Vitoria. Hasta hace menos de 24 horas al medio centenar de afectados por las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Arkaiate casi les parecía una broma que las obras arrancaran este mismo mes. Pero a última hora del domingo una agradable sorpresa esperaba en el buzón de afectados, como Nerea Fernández de Larrinoa, en forma de una nueva notificación por parte de la sociedad municipal Ensanche 21. Allí permanecía como mínimo desde el sábado aunque esta adjudicataria no se había percatado del escrito al encontrarse ausente por motivos de viaje. "He consultado con el promotor quien me dice que tiene previsto iniciar las obras este mes de julio y está realizando los trámites precisos al efecto", le comunica el gerente de la sociedad, Alfredo Piris, en una misiva fechada el pasado 23 de junio.

De hecho, la propia constructora Palmiro confirma que este mes es el que podrán todo su "empeño" para adelantar los trabajos, que, en un principio, se fijan con toda seguridad para septiembre, ya que es lo normal en estos casos. Así lo intentarán pese a que la próxima semana tienen que entregar una promoción de otras 84 viviendas. La noticia pondría fin así a una larga espera que empezó en noviembre de 2009, cuando se produjo el sorteo de los pisos de la parcela RCP 06, cuyas 72 viviendas desde entonces no acababan de arrancar. Una desesperación que llevó a sus adjudicatarios a acampar el pasado miércoles frente a las oficinas de Ensanche 21, en la calle Dato e incluso a enviar dos escritos al Gobierno Vasco y Ayuntamiento justo dos días después de la propuesta. El objetivo era conseguir una cita lo más rápido posible tanto con el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, como con el consejero vasco de Vivienda, para lograr una solución.

Ninguno de los propietarios quería salirse de esta promoción de VPO, puesto que cada uno de ellos perdería 4.000 euros, un 20% de lo que habrían abonado hasta la fecha.

La otra era la de seguir con esa espera interminable, "incluso años" hasta que las máquinas comenzaran a actuar en el solar. Pero en lo que en ningún caso estaban dispuestos a aceptar era la propuesta que decían recibir de la constructora. Un "esfuerzo económico, que era voluntario y con el máximo que establece la ley de VPO", para que luego se les descontaría del piso con el objeto de financiar una edificación en la que faltaban compradores. "El control de la legalidad de las propuestas que el promotor, o la financiera, puedan hacer a los adjudicatarios es competencia del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y su aceptación, o no, o incluso la resolución del contrato, que solicitan en su escrito, es algo que los interesados deben resolver con la otra parte contratante, es decir, con el promotor", agrega la carta firmada por Piris.

La constructora en este caso es Palmiro, una empresa que Ensanche 21 considera que actúa de forma legal, ya que ha cumplido "con todos los requisitos para la concesión de la licencia como es el caso". El comienzo de las obras era una de las tres soluciones posibles que demandaban los afectados, junto con la devolución del dinero o la reubicación en otra promoción.