vitoria. Tomás Pérez Merino no repetirá como gerente de la sociedad Gilsa, la entidad participada por el Ayuntamiento de Vitoria y el Gobierno Vasco que gestiona los polígonos industriales de la capital alavesa. El gabinete Maroto descarta el regreso de este responsable, que durante los ocho años de gobierno de Alfonso Alonso precisamente se situó al frente de esta empresa pública.

Esta decisión da un vuelco a las quinielas barajadas hasta la fecha, puesto que recientemente, como ya apuntó este rotativo, fuentes del PP avanzaban que el nombre de Pérez Merino era el que, a priori, sonaba con más fuerza para ocupar la gerencia de Gasteizko Industria Lurra SA. Los rumores se habían disparado sobre todo a raíz del embrollo jurídico en torno a la salvación del Alavés, que había otorgado a Gilsa un papel central: el alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, anunció que concedería un aval para permitir el desembarco del nuevo grupo inversor al Glorioso, pero finalmente se anunció que la fórmula sería un contrato de esponsorización a través, precisamente, de la mencionada Gilsa.

Esta situación generó expectación en torno a cómo el gabinete Maroto renovaría el consejo de la sociedad, integrada por cinco miembros, tres de ellos dependientes del Ayuntamiento de Vitoria y dos de la sociedad pública de promoción del suelo del Gobierno Vasco, Sprilur, Estos dos últimos pusieron en duda su apoyo a la estrategia anunciada por Maroto, por lo que este lío convirtió en clave la nueva formación de la cúpula de Gilsa, que desde la oposición municipal auguraban que estaría copada por el PP.

En cualquier caso, la cuadratura del círculo lograda pasa salvar al Alavés al final ha ido por otros derroteros -entre otras cuestiones se reducirá el crédito clave solicitado a la Vital, que pasará de dos millones de euros a uno- y ha dejado en un segundo plano el aval y, con él, la renovación de Gilsa. En cualquier caso, fuentes del gabinete Maroto confirmaron ayer que Pérez Merino no retomará las riendas de la sociedad.

el blindaje Pérez Merino fue un cargo de confianza del PP durante la etapa de Alfonso Alonso en la Alcaldía. La llegada hace cuatro años de Patxi Lazcoz para liderar el Consistorio motivó su cese y su sustitución por Carmen Calles. Esta paso, además, estuvo acompañado de polémica, puesto que Pérez Merino contaba con un contrato blindado con el Ayuntamiento que le reconocía el derecho, en caso de despido improcedente, a recibir dos anualidades brutas de salario. El cambio de gobierno propició este extremo, que se solventó con una indemnización que rondó los 139.000 euros.