Vitoria. A veces hay que manejarse con mano izquierda, y otras tener más mano dura. El gabinete de Patxi Lazcoz ha optado durante su legislatura por la segunda alternativa para repartir candela entre las empresas que llevan a cabo reformas en la calle olvidándose de los riesgos que pueden generar para los ciudadanos. Desde la aprobación en febrero de 2009 de la ordenanza de señalización y balizamiento de obras, los socialistas han abierto 64 expedientes y ha impuesto sanciones por un valor total de alrededor de 80.000 euros.
Cuando Rodríguez Zapatero anunció el desembarco del Plan E, Vitoria se puso manos a la obra. Los fondos estatales iban a traducirse en una enorme profusión de trabajos en la vía pública, lo que podía dificultar el tránsito de peatones y vehículos e incluso causar accidentes. Además, hacía tiempo que los colectivos de personas discapacitadas exigían más control para el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad. Por eso, el gobierno socialista decidió crear una normativa destinada a impulsar las inspecciones a pie de calle y garantizar la seguridad de los ciudadanos. El balance desde entonces demuestra que era necesaria porque, incluso tras un primer castigo, algunas empresas han hecho oídos sordos.
El primer año de puesta en funcionamiento de la ordenanza fue el más ajetreado por la cantidad de actuaciones que se acumularon a pie de calle. Desde febrero de 2009 a febrero de 2010, el Ayuntamiento abrió un total de 37 expedientes, la mayoría por una mala señalización, ausencia de vallas, imposibilidad de garantizar el acceso a portales y comercios y limitación de la accesibilidad a las personas.
De todos estos, 27 acabaron en sanción: traducidos en dinero, 56.342 euros para las arcas municipales. Otros dos fueron sobreseídos y ocho empresas decidieron cambiar el castigo por la realización de obras en la vía pública. El problema es que algunas de las compañías tuvieron que ser apercibidas varias veces para empezar a hacer bien las cosas y, mientras tanto, los residentes soportaron situaciones peligrosas.
En el Casco Viejo saben bien qué supone el incumplimiento reiterado de la ordenanza. La colina gasteiztarra acumuló una quinta parte de las sanciones impuestas por el Ayuntamiento durante el primer año de la ordenanza, con ocho expedientes abiertos entre las obras de Cuchillería, Pintorería, Nueva Dentro y Santo Domingo. También los trabajos en la plaza Zuberoa y Portal de Villarreal trajeron cola. Hasta en tres ocasiones el gabinete Lazcoz tuvo que llamar la atención de la empresa, con las correspondientes sanciones. Otra constructora que se olvidó repetidamente de la ordenanza municipal fue la encargada de los bicicarriles de Landaverde, Antonio Machado y Baiona, aunque cambió las multas por trabajos para la comunidad.
Desde febrero de 2010 hasta hoy, la actividad se ha rebajado. Se nota la crisis y la falta de un Plan E destinado exclusivamente a la vía pública. En este último año y medio, el gabinete Lazcoz ha abierto 27 expedientes, de los que 16 han derivado en sanciones por un total de 23.277 euros. Y de todas las empresas apercibidas, destaca por el incumplimiento reiterado de la ordenanza municipal Vinci Park en las labores de construcción del parking de Amárica. Esta obra ha acumulado desde su inicio 22.524 euros en multas. Una cantidad que pone en valor las quejas que los residentes elevaron una vez tras otra al Ayuntamiento gasteiztarra.
