Vitoria. Los viales de Sidenor se han convertido con el paso del tiempo en el triste recuerdo de lo que un ayuntamiento jamás debería permitirse: inaugurar una obra sin haberla recepcionado ni comprobado las posibles deficiencias. Siete años y siete litigios después, el culebrón sigue coleando, aunque ya no hay margen para las contemplaciones. El gabinete de Patxi Lazcoz va a exigir hoy mismo a la constructora responsable de la reforma, Corsán-Corviam, que acate la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco e inicie en un plazo máximo de un mes el papeleo necesario para poder ejecutar los últimos flecos pendientes; esto es, la sustitución de las losetas rotas y mal colocadas en el entorno peatonal de El Boulevard.

No será una obra cualquiera, ni por la cuantía económica ni por su desarrollo. Los técnicos municipales del Ayuntamiento gasteiztarra estiman que la constructora deberá gastarse alrededor de tres millones de euros para enmendar los errores que cometió en el perímetro del centro comercial. El campo de acción se extiende a lo largo de nada más y nada menos que 15.704 baldosas, así que, dineros aparte, Corsán-Corviam se verá obligada a desarrollar los trabajos por fases para no provocar afecciones al tránsito de los viandantes.

Cuando estas obras finalicen, por fin se podrá decir que el culebrón urbanístico y jurídico de los viales de Sidenor ha llegado a su fin. No obstante, ya el año pasado el Ayuntamiento dio un paso importante al cerrar el penúltimo capítulo. El gabinete de Patxi Lazcoz decidió afrontar la canalización del tendido aéreo, la retirada de los postes y el arreglo del pavimento afectado en el entorno de la calle Madrid con carácter subsidiario, trabajos que se prolongaron durante dos meses y que irremediablemente obligaron a echar mano de la hucha municipal.

El Ayuntamiento costeó la mitad de todas estas labores con los 42.400 euros de la garantía incautada a Corsán-Corviam. Y el resto lo pagó con dinero público. No fue la mejor solución, pero es que no cabía otra alternativa. Además, a finales de año el gabinete Lazcoz tuvo que enfrentarse a otro trago amargo. La guinda al retraso de la obra y el gasto extra. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital alavesa condenó a la Administración local a pagar cerca de 349.000 euros a la constructora en concepto de revisión de precios e intereses de demora, una sentencia firme para la que no hubo posibilidad de recurso.

Lazcoz aprovechó aquel momento para criticar la gestión del anterior equipo de gobierno del PP, cuya prematura decisión de abrir los carriles provocó el desastre posterior. "No sé si pedirles que pongan los 350.000 euros de su bolsillo. Porque también tengo que pagar 1,1 millones de euros de las educadoras por un acuerdo ilegal. Espero que en algún momento tengan a bien reconocer que se equivocaron y pedir disculpas a la ciudad", dijo. Ahora que los populares han ganado las elecciones, tal vez tengan a bien responder al desafío lanzado por el hombre al que sólo le queda un día, hoy, al frente de Vitoria.