LOS chalés no dejan de dar quebraderos de cabeza en Vitoria. Primero fueron los bioclimáticos de Ibaiondo, después los de la calle Asestadero de Ali y, ahora, una promoción de adosados de precio tasado, otra vez de Ibaiondo. El Síndico reclama la intervención del Ayuntamiento después de que un promotor intentara vender de forma "fraudulenta" una vivienda unifamiliar a sus inquilinos. De hecho, Javier Otaola recomienda al ejecutivo de Patxi Lazcoz que, mientras el asunto se dirime en los tribunales, ejerza su derecho de tanteo para hacerse con la vivienda. Y es que, el defensor vecinal tacha de "burla" la actitud del constructor que intentó vender como libre una edificación de precio tasado.

La polémica vio la luz cuando la familia de Sonia presentó una demanda civil en el juzgado contra el promotor del chalé tasado en el que reside en la calle de Río Urederra de Ibaiondo. A continuación alertó al Síndico sobre la intención del constructor de vendérselo a un precio muy superior (419.250 euros) al tasado oficialmente (270.000). Se trata de un hogar en el que el matrimonio y sus dos hijos residen en régimen de alquiler desde 2005.

En el acuerdo firmado entonces se prevé que deberían de abandonar su casa el 23 de marzo de 2010 pero resulta que, junto al contrato de arrendamiento -mil euros al mes más gastos de comunidad-, las dos partes firmaron una opción de compra. Sin embargo, cuando los arrendatarios tratan de ejecutar esta opción de compra, la inmobiliaria rechaza el precio tasado y les oferta, no sólo verbalmente, sino también mediante requerimiento notarial, 419.250 euros, cuando aún están dentro del periodo de vigencia del precio tasado, que no concluye hasta junio de este año.

Con esta sucesión de hechos sobre la mesa, al defensor vecinal le queda tan clara la pretensión defraudadora de la promotora como la obligación del Ayuntamiento de intervenir para evitar el fraude. "A lo largo de este proceso se pone de manifiesto de manera nítida la oferta fraudulenta y la pretensión de burlar el comportamiento adquirido por parte de la promotora con el Consistorio, pretendiendo vender el chalé como libre y ofertando un precio muy superior al tasado", recrimina Otaola. Además, dada esta infracción, hasta que los tribunales resuelvan el conflicto entre el particular y la promotora, el Ayuntamiento "debe ejercer el derecho a la adquisición preferente", esto es a la compra de la vivienda, según el Síndico, al margen de la sanción que pueda interponerse a la empresa.

Esta polémica pone de nuevo en entredicho la política de construcción de viviendas unifamiliares en régimen de protección llevada a cabo por el Ayuntamiento años atrás cuando el sector de la construcción no sabía nada de crisis.