El Gobierno de Polonia rechaza anular la reforma judicial

Considera que la petición de diez partidos de la oposición significaría “volver a la anarquía y el caos” de 2015

09.12.2021 | 00:15

Varsovia – El viceministro polaco de Justicia, Marcin Warchol, calificó ayer una propuesta de anular la reforma judicial, presentada por la oposición, de intento de "vuelta a la degeneración". Warchol aseguró que atender la petición de diez partidos de la oposición, entre ellos el principal, Plataforma Cívica (PO), para revertir los cambios de la organización judicial emprendidos en 2015 significaría "volver a la anarquía, el caos, el nepotismo y el amiguismo que había antes".

El martes, todos los partidos políticos con representación parlamentaria menos el gubernamental Ley y Justicia (PiS) y las formaciones antisistema presentaron el llamado "Acuerdo por el Estado de Derecho" en el que solicitan la anulación de la reforma judicial que desde hace tiempo enfrenta al Gobierno polaco con las instituciones europeas.

El documento, suscrito por asociaciones de jueces y agrupaciones cívicas, presenta diez puntos encaminados a "restaurar la independencia judicial" en Polonia y a "poner fin al conflicto devastador" de Varsovia con la Unión Europea (UE).

Actualmente, Polonia es objeto de dos multas diarias impuestas por tribunales europeos: una de un millón de euros por mantener en funcionamiento la Sala Disciplinaria Judicial, y otra de medio millón por continuar la actividad de la mina de Turów, denunciada por República Checa por su carácter contaminante.

Hasta la fecha, Polonia acumula una deuda de 40 millones de euros por estos conceptos, y el Gobierno del PiS ha reiterado su negativa a pagar cualquier sanción.

El desmantelamiento de la Sala Disciplinaria es precisamente una de las demandas del documento presentado por la oposición, junto a la readmisión en sus puestos de los jueces Igor Tuleya y Pawel Juszczyszyn, apartados del ejercicio profesional por el Gobierno debido a su actitud crítica con la reforma. Otra de las medidas exigidas es que la jefatura de la Fiscalía General del Estado y el cargo de ministro de Justicia sean desempeñados por personas diferentes, en lugar de estar en manos de una sola.

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