Sánchez desoye a Urkullu y a los territorios que le exigen mascarilla y toque de queda

Sobre el papel, existe voluntad de diálogo en Madrid. Pero, en hechos concretos, de momento no hay cambio de posición en el Gobierno español. El Ejecutivo de Sánchez no va a retirar hoy a última hora el decreto que relaja el uso de la mascarilla antes de que se vote en el Congreso de los Diputados aunque se lo pedían el lehendakari Urkullu y otros presidentes autonómicos. La Moncloa enfría la opción de un cambio inmediato de criterio. Pocas horas después de que se hiciera público que el lehendakari ha enviado una carta al presidente español, La Moncloa se abrió a debatir estos asuntos en el Consejo Interterritorial de Sanidad con las comunidades autónomas. Pero, al término de esta reunión, la ministra Carolina Darias pareció descartar por ahora un cambio sobre la mascarilla y avisó de que se va a subir a la tribuna del Congreso de los Diputados para defender el decreto. Darias dijo que no es un “problema de la norma”, sino un problema de “cumplimiento” de esa norma por parte de algunos sectores, porque el decreto, en sentido estricto, sigue diciendo que la mascarilla es obligatoria y solo puede dejar de usarse al aire libre si se mantiene una distancia de un metro y medio con otras personas. “Es verdad que hemos visto imágenes que no nos gustan, pero no es una cuestión de la norma, sino del cumplimiento de la norma”, zanjó, para defender también que han sido “tremendamente prudentes y graduales”. Lo que sucede con este decreto es que varios presidentes autonómicos lamentan ahora el mensaje triunfalista que se lanzó, que se deslizara que el peligro ha pasado, y que se estableciera esta confusa idea del metro y medio de distancia que en realidad se cumple de manera muy desigual en las calles y es interpretable. De ahí que Urkullu plantee el uso obligatorio general en el ámbito urbano, y solo quitarse la protección en el ámbito natural sin concurrencia de personas.

A partir de ahí, Darias no quiso adelantar si el decreto, en vigor desde el 26 de junio, será convalidado y podrá seguir en marcha. Si no lo hiciera, se volvería al uso obligatorio en todos los casos. Pero el Gobierno español da por hecho en privado que tiene los votos, quizás porque espera la abstención de un PP que no tiene un discurso unívoco, o por la propia ultraderecha de Vox, que suspira por el final de las restricciones. PDeCAT y Compromís votarán a favor entre críticas. Parece que prima en varios grupos la idea de no regresar al escenario anterior, donde no había ningún tipo de respiro con esta medida.

Por otro lado, sobre el marco legal de las restricciones, Darias dejó caer un dardo de manera sibilina cuando recordó que ella planteó declaraciones de actuación coordinada sobre el ocio nocturno y las comunidades se rebelaron. Ya por la mañana, la portavoz Isabel Rodríguez había insistido en que las comunidades tienen herramientas. “Hay margen”, dijo, para añadir que “algunas están teniendo mucho éxito”. Obvia que otras comunidades, como la CAV, Nafarroa y Canarias, se enfrentan al veto de sus tribunales.

Otra comunidad, Andalucía (PP y C’s), se acababa de sumar al lehendakari y exigía recuperar el uso de la mascarilla. Pero el Ejecutivo español se resiste a virar. “Las competencias de las comunidades son el marco en que debemos movernos”, había dicho Rodríguez, para añadir que “la disposición del Gobierno es la colaboración leal” y que el lehendakari seguramente encontraría respuesta a su misiva.

Andalucía (PP+C’s) “se suma” a la petición por carta del lehendakari sobre la mascarilla. El portavoz, Elías Bendodo, pidió a Sánchez “que se actualice, ponga los pies en la tierra y vea cómo va a la pandemia”. Avisó de que los contagios han crecido desde la retirada del cubrebocas.

Urkullu ya intentó sin éxito que Sánchez prorrogase el estado de alarma el 9 de mayo para seguir actuando contra el virus y no quedar a merced de las decisiones contradictorias de los tribunales. Las dos restricciones que plantea recuperar (toque de queda y reuniones) son muy limitadas, suponen acotar unas horas determinadas la movilidad y el número de personas, y no afectan al confinamiento total en casa o los cierres perimetrales de la comunidad y los municipios. Se trata de no chocar con la sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado la suspensión de derechos en el primer estado de alarma. El Gobierno español mantiene que las comunidades tienen herramientas suficientes, pese a que los tribunales han tomado decisiones contradictorias y han tumbado los toques de queda en territorios como el vasco. Sánchez, mientras tanto, se encuentra de viaje relámpago en Estados Unidos.

En la carta enviada el lunes, por un lado, Urkullu solicita a Sánchez que modifique in extremis el decreto que se vota hoy en el Congreso de los Diputados y recupere el uso constante y obligatorio de la mascarilla al aire libre en los entornos urbanos. Solo podría dejarse el cubrebocas en el bolsillo en los espacios naturales sin concurrencia de personas. En este asunto, la competencia es del Estado. El decreto de Sánchez pone el foco en liberarse de la mascarilla y en que solo debe llevarse cuando no sea posible garantizar una distancia de un metro y medio con otras personas. Se ha interpretado de manera laxa en determinados ámbitos sociales y ya ha motivado las peticiones de reconsideración no solo de Urkullu (adelantada este domingo en DNA), sino también de Cantabria (PRC), Castilla y León y Andalucía (PP y C’s) y Catalunya (ERC y Junts). Un gobierno socialista, Baleares, ha retocado la redacción para poner también la prioridad en el mensaje de la obligación.

Por otro lado, ante el caos judicial y las decisiones contradictorias en los tribunales superiores, Urkullu pide que adopte las medidas necesarias para dotar a todas las comunidades de un marco de seguridad jurídica suficiente “para poder aplicar, de inmediato, medidas necesarias como la limitación de la movilidad nocturna o el número máximo de agrupaciones de personas”. Quiere que se haga con urgencia, esta semana, ante el avance desbocado de los contagios entre los jóvenes. Si el lehendakari tuviera esta percha, se podría concretar en la reunión del LABI del jueves la franja horaria, aunque puede ser una pista la recomendación para no celebrar reuniones en parques y playas desde la medianoche y hasta las 6.00 horas. El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, anunció esta carta en rueda de prensa y aseguró que el lehendakari ha dado el paso de realizar la petición formal “en nombre de una cogobernanza real y efectiva”.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbó al lehendakari todas las medidas, tanto el toque de queda como la limitación de las reuniones y los cierres perimetrales. Se ha quedado sin margen y necesita una solución. Desde la comunidad autónoma se ha impulsado una Ley Antipandemia que apuesta por la mascarilla pero, sin embargo, necesita cobertura estatal para esa cuestión y la movilidad nocturna. El toque de queda tampoco se ha permitido en Nafarroa ni en Canarias, que ha decidido recurrir al Supremo. En otros casos, como en la Comunidad Valenciana o Cantabria, sí se ha permitido.

Urkullu ya aclaró que no iba a judicializar un asunto que es cuestión de voluntad política, y partidos como el PP también piden cobertura. Sánchez no prorrogó el estado de alarma y lo dejó todo en manos de un Supremo que tampoco ha unificado con claridad el criterio. Desde el entorno del lehendakari no concretan qué cauces legales podría emplear Sánchez, aunque recuerdan que tiene a su disposición los resortes del Estado.

No concretan si la solución podría pasar por que Sánchez elevara una consulta previa al Supremo, la aprobación de una Declaración de Actuaciones Coordinadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad (su fuerza jurídica parece dudosa cuando se ha cuestionado hasta el estado de alarma), o un nuevo estado de alarma u otro de excepción. No implica que todas las comunidades tengan que aplicar las mismas medidas, sino que tengan las herramientas y la opción de hacerlo.

“Es una petición formal al presidente del Gobierno español en nombre de una cogobernanza real y efectiva”

“Se plantea la adopción urgente, esta misma semana, de un marco de seguridad jurídica”

Portavoz del Gobierno Vasco

“Hemos visto imágenes que no nos gustan, pero no es cuestión de la norma sino de cumplirla”

“Hemos sido tremendamente prudentes y graduales con las medidas”

Ministra de Sanidad