- La Audiencia Nacional juzga desde hoy a nueve acusados de integrar el considerado frente jurídico de ETA, Halboka, que supuestamente lideraba la abogada Arantza Zulueta, para quien el fiscal pide 19 años de cárcel tras haber sido condenada en 2019 como responsable del órgano coordinador del frente de cárceles de la banda terrorista.

Junto a Zulueta, que se enfrenta a 12 años por integración en organización terrorista en condición de dirigente y a otros 7 por depósito de armas y explosivos, otro de los principales acusados es el abogado Jon Enparantza, para el que la Fiscalía solicita 12 años de prisión, al acusarle solo del delito de integración como dirigente. Ambos compartieron banquillo en 2019 en la Audiencia Nacional como responsables del órgano KT, juicio que se saldó con un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la AVT. Para los otros siete acusados de pertenecer a Halboka, la Fiscalía pide penas de 7 a 11 años de cárcel por delitos de integración o de colaboración en organización terrorista. Se trata de Naia Zurriarain, Julen Celarain, Iker Sarriegui, José Domingo Aizpurua, Saioa Aguirre, Juan María Jáuregui y Nerea Redondo.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Zulueta, alías Martxel, Marxel y Bixer, pasó en 2006 a ser la máxima dirigente del colectivo de abogados de ETA con una “comunicación permanente” con la dirección de la banda terrorista. De este modo, pasó a participar en el cobro del impuesto revolucionario o de fijación de objetivos. En el momento de su detención se le intervino en su bolso un documento informático con datos sobre el rey Juan Carlos y fotografías del yate Fortuna, así como de vehículos de potenciales objetivos, uno de ellos relacionado con la exdirigente del PP en San Sebastián María San Gil.

En cuanto a Enparantza, el fiscal relata que se dedicaba a gestionar todo lo referente al Colectivo de Presos y mediar en el cobro del impuesto revolucionario, para lo que participó en la estructura denominada GEZI (Gora Euskal Zerga Iraulta/ Viva el Impuesto Revolucionario Vasco). La labor de Halboka era por tanto la de fomentar sumisión de los presos a la banda terrorista, controlándoles mediante visitas. Zulueta y Enparantza se encontraba en libertad provisional por esta causa desde 2012 tras su detención en 2010, pero otro juez de la Audiencia Nacional les envió en 2014 a prisión por integrar el órgano KT, procedimiento que finalmente se terminó juzgando antes.

El pasado mayo, los abogados defensores de los 9 acusados, con Jone Goirizelaia al frente, afirmaron en rueda de prensa que el proceso “nace viciado de nulidad” porque “hay irregularidades en los registros de los despachos de los abogados, hay escuchas ilegales practicadas por el CNI, hay evidencias de torturas y malos tratos, y hay vulneración del derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por la misma causa”. manifestó la abogada.