Solo seis presos de ETA siguen en primer grado

Una tercera parte (57) ya cumple sus penas en la CAV y Nafarroa y otro 61% en comunidades cercanas

19.06.2021 | 00:34

vitoria – El número de presos de ETA en primer grado ha disminuido de 78 a seis en tan solo medio año. 157 reclusos de la organización siguen en segundo grado frente a los 100 de enero de 2021 y 13 lo hacen en tercer grado en las cárceles de los estados español y francés, según el tercer número de la publicación semestral del Observatorio de la política penitenciaria.

En esta publicación que presentaron ayer el abogado de Behatokia, Aitzol Asla, y la representante del Foro Social Permanente, Teresa Toda, se dio a conocer que el 61% de los 210 presos de ETA se encuentra en prisiones situadas entre 150 y 400 kilómetros de la CAV y Nafarroa. El 7% continúa en cárceles entre 400 y 600 kilómetros y el 1% a más de 600 km, gracias a los traslados que se han realizado en el último año. El resto (57) cumple sus penas en las prisiones de la CAV y Nafarroa.

Hace medio año eran solo 25 los presos de la organización recluidos en cárceles vascas y navarras, el 13% del total, mientras que hoy son 57. Entonces el 41 % se encontraba en cárceles entre 150 y 400 kilómetros y hoy es el 61%.

Actualmente tan solo quedan tres presos de ETA en Andalucía y ninguno en Galicia o Levante. Por lo tanto, para cientos de familiares y personas allegadas a estos reclusos han terminado o están a punto de terminar los largos viajes para realizar las visitas.

"Podemos constatar, por tanto, que el cambio en la política penitenciaria que Pedro Sánchez anunció hace tres años se está produciendo. Eso sí, a pesar del acelerón de los últimos meses, las cosas se han movido más lentamente de lo que cabía esperar", manifestó Alsa.

La representante del Foro Social Permanente, Teresa Toda, consideró que se van "asentando" tres aspectos necesarios para abordar la cuestión penitenciaria, como son "la voluntad manifiesta del Gobierno español para superar la anterior fase de excepcionalidad, la implicación clara de las personas presas y la voluntad de los gobiernos vasco y navarro y las organizaciones de la sociedad civil implicadas".

En ese sentido, la representante del Foro Social Permanente consideró que es "positivo" que sea el Gobierno Vasco quien gestione las competencias penitenciarias tras la transferencia del Ejecutivo español, para ejercer una gestión "más humana y abierta, dentro de la normativa vigente".

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