- Europa ha puesto el foco en el Poder Judicial español. Bruselas, que urgió a una renovación del CGPJ pendiente desde 2018, vigila “de cerca” el proceso de reforma emprendido por PSOE y Unidas Podemos ante el bloqueo del PP, porque entiende que pueden vulnerarse las normas comunitarias y poner en entredicho la independencia judicial. El Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen reclama a al Gobierno de Pedro Sánchez que pida la evaluación de la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa encargado de velar por el respeto al Estado de derecho en las reformas judiciales y que ha resuelto en otras ocasiones contra los cambios emprendidos en países como Polonia. Entre tanto, la derecha española utiliza también este contexto para cuestionar al Ejecutivo de coalición, con el PP negando que mantenga una actitud obstruccionista. “El PP se ha sentado dos veces a intentar llegar a acuerdos, manteniendo la despolitización y haciendo acuerdos de Estado solo con el PSOE, no con fuerzas radicales como Podemos y los nacionalistas”, enfatizó ayer Pablo Casado, después de que, por ejemplo, el PNV anunciara que avalaría el cambio legal pese a no compartir que se alteren las mayorías actuales. A su vez, Moncloa salió al paso de quienes acusan al Gabinete de Sánchez de poner en peligro los fondos europeos.
“La Comisión está al tanto del anuncio de este nuevo proyecto de ley. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos a este respecto”, señaló el portavoz Christian Wigand, para quien “las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros deben hacerse siempre en consulta con todas las partes relevantes”. “Los Estados miembros deben seguir los estándares de la UE para garantizar que no se pone en peligro la independencia judicial”, añadió. La reforma planteada en el Estado español pretende rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para el nombramiento de los componentes del llamado gobierno de los jueces, pasando de la vigente necesaria mayoría de 3/5 partes del Parlamento a una mayoría absoluta. El subsecretario polaco de Asuntos Exteriores, Pawel Jablonski, ha avivado la polémica al lanzar una pregunta: “Si la Unión Europea sanciona a Polonia por elegir al Poder Judicial por una mayoría de tres quintos del Parlamento, ¿qué hará Bruselas si España nombra el CGPJ por la mitad más uno?”, tuiteó al preguntarse si la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, también intervendría.
Wigand recalcó que “es importante garantizar que el CGPJ no sea percibido como vulnerable a la politización”. “Nos preocupaba la falta de renovación del Consejo, pero eso no quiere decir que se pueda hacer de cualquier manera y saltándose todos los procesos”, apuntan desde Bruselas, al tiempo que se negocia sobre un mecanismo de vigilancia del Estado de derecho que permitiría suspender ciertos fondos comunitarios a los países que vulneren los valores fundamentales de la UE. Hungría y Polonia, que se resisten a la aprobación del mecanismo, parecían los principales amenazados. Con todo, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, no quiso profundizar ni “entrar en debates nacionales”, una respuesta al uso, como cuando se ha interpelado otras veces sobre el conflicto entre Catalunya y el Estado.
Moncloa quiso calmar las aguas y sus ministros aseguraron que los fondos europeos no corren peligro por una “polémica artificial”, precisó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó que ese remanente “no tiene nada que ver” con la reforma judicial. “Es un disparate que alguna fuerza política pretenda llevar de una forma antipatriótica este elemento a la discusión en Europa. Lo que va a producir es una tormenta en un vaso de agua que nada tiene ver con el tema”, consideró. La portavoz de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, apostilló que es un “debate inventado” por PP, Ciudadanos y Vox.
Pero el PP no dejará pasar la ocasión para azuzar al Ejecutivo de coalición que, según Casado, busca “atacar la separación de poderes”, “la independencia judicial” y, “en definitiva, debilitar la democracia española”. “Queremos dejar muy claro que iremos hasta las últimas consecuencias si el Gobierno no retira la reforma del CGPJ. Iremos hasta las instituciones europeas, los tribunales europeos, el Consejo de Europa y, por supuesto, acudiremos ala Justicia española”, advirtió. Desde Moncloa se acusó al PP de mantener una actitud “antipatriota” y “desleal” al “incendiar” en Europa este debate. Como el PNV, la Fiscal General, Dolores Delgado, apeló a “llegar a soluciones a partir del consenso” y escuchando a los jueces y a los fiscales.
“Las reformas judiciales deben hacerse siempre en consulta con todas las partes relevantes”
Portavoz comunitario de Justicia
“Es un disparate que el PP lleve este elemento a la discusión en Europa de forma antipatriótica”
Ministro de Agricultura y Pesca
“El PP busca un acuerdo de Estado con el PSOE, no con radicales como UP y los nacionalistas”
Presidente del PP
