Elecciones de EEUU

Un mandato en el centro de la polémica

Trump apostaba a su gestión económica para lograr la reelección, pero la pandemia ha echado por tierra sus planes

28.10.2020 | 12:10
Donald Trump inició su mandato en enero de 2017.

Donald Trump puede convertirse en el primer presidente en perder la reelección desde 1992. El último fue George H. W. Bush. Y es que la gestión de la pandemia del covid-19 y sus consecuencias económicas pueden desbaratar sus planes de lograr un segundo mandato.

He aquí un repaso a los puntos clave del polémico primer mandato del magnate inmobiliario.

Coronavirus

Estados Unidos es el país más afectado del mundo por coronavirus: más de 800.000 personas se han contagiado y otras 200.000 han perdido la vida desde el comienzo de la pandemia.

En cambio, Trump no ha hecho más que minimizar su gravedad y su gestión está siendo muy cuestionada, especialmente desde que el propio presidente y más de 20 personas relacionadas con la Casa Blanca (incluidos Melania Trump y su hijo Barron) dieran positivo por coronavirus a principios de mes.

El principal experto en enfermedades infecciosas y asesor de la Casa Blanca en la pandemia, el doctor Anthony Fauci, ha puesto en el foco el acto de nominación de la jueza conservadora Amy Coney Barret como magistrada del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Anthony Fauci es el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos. Foto: AFP

"Cuando lo vi en televisión, dije 'Dios mío. Nada bueno puede venir de eso, será un problema'", señaló el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del país, quien no duda de que lo que ocurrió en la Casa Blanca fue un "evento de superpropagación".

Trump ha llegado incluso a utilizar datos falsos para negar la gravedad de la pandemia, como cuando aseguró que el 85% de las personas que utilizan mascarilla se contagian.

Economía

Donald Trump llegó al poder con la promesa de lograr un crecimiento económico por encima del 5% anual, un objetivo que solo ha cumplido a medias: el año pasado fue del 2,3%.

Al inicio de su mandato, el magnate impulsó una reforma fiscal que incluía reducir el impuesto de sociedades del 35 al 21%, así como los tramos del impuesto sobre la renta, y consiguió reducir el paro al 3,5%.

Sin embargo, el terremoto económico llegó con la pandemia, que ha llevado a Estados Unidos a pasar por el peor periodo de recesión económica en décadas. El PIB se contrajo un 9,5% en el trimestre del confinamiento. Asimismo, la tasa de paro subió al 14,7% de abril –solo ese mes se destruyeron 20,8 millones de empleos–. En septiembre se crearon 661.000 empleos y la tasa bajó al 7,9%. Aun así, sigue siendo el doble que a comienzos de años.

Republicanos y demócratas aprobaron un paquete de estímulos que equivalían al 13% del PIB (casi tres billones de dólares) para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia, que se ha traducido en el envío masivo de cheques de 1.200 dólares a los ciudadanos, complementes a las prestaciones por desempleo y ayudas a diversos sectores.

Sin embargo, los recursos se agotan y, como la bronca política ha impedido la aprobación de nuevos estímulos, Trump firmó en agosto varias órdenes ejecutivas con ayudas económicas, entre las que figuraban una prestación adicional de 400 dólares semanales para desempleados, una suspensión de los impuestos sobre las nóminas y una prórroga de la moratoria a los desahucios.

Otra patata caliente es el déficit fiscal, que este año ha batido un récord al situarse por encima de los tres billones de dólares debido, en gran parte, a los gastos para hacer frente a la crisis económica generada por el coronavirus, pero también a la caída de la recaudación fiscal.

Según el Departamento del Tesoro, el déficit fiscal federal para el ejercicio 2020 que cerró en septiembre alcanzó los 3,13 billones de dólares, frente a 984.000 millones de dólares en 2019 –el déficit fiscal se ha disparado un 218% sobre el ejercicio anterior–.

Las previsiones del FMI apuntan a que Estados Unidos sufrirá este año una recesión del 4,4%.

Guerra comercial con China

En la escena internacional, la política de Trump no ha sido menos polémica. Sacó a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y, más recientemente, de la Organización Mundial de la Salud (OMS); ha renegociado antiguos acuerdos comerciales que él consideraba injustos para Estados Unidos, como el NAFTA con México y Canadá, y abandonado otros como el Acuerdo Transpacífico o el TPP. Además, ha presionado a miembros de la OTAN para que aumenten su gasto en defensa en la organización.

Pero si algo ha marcado la escena internacional desde que Trump llegó a la Casa Blanca es su guerra comercial con China. En junio de 2018, el Gobierno estadounidense impuso aranceles del 25% a las exportaciones chinas por valor de 50.000 millones de dólares, y en septiembre dictó otros del 10% (aumentados al 25 % en mayo de 2019) a más exportaciones procedentes de China, por valor de 200.000 millones de dólares.

Los aranceles, a los que el gigante asiático respondió con tarifas similares contra productos estadounidenses, se impusieron desde Washington alegando malas prácticas del país asiático en materia de transferencia tecnológica y propiedad intelectual.

Este mes, más de 3.500 empresas han demandado al Gobierno de Estados Unidos por el impacto que han tenido los aranceles impuestos a China, que elevan el coste de maquinaria, partes y suministros intermedios para las empresas y las líneas de ensamblaje estadounidenses.

Brutalidad policial

Trump ha negado una y otra vez que en Estados Unidos exista un problema de racismo y brutalidad policial. Sin embargo, los hechos dicen otra cosa. El 25 de mayo de este año, un empleado de Cup Foods, una tienda de Minneapolis, llamó a la policía por un billete falso de 20 dólares.

Al llegar, un agente le redujo al cliente, George Floyd, y le hincó la rodilla en el cuello durante ocho minutos. Floyd murió de asfixia, y las imágenes de su muerte se difundieron ampliamente en redes sociales, prendiendo la llama de la indignación contra el racismo y los abusos policiales.

Los casos no han cesado desde entonces, provocando como respuesta la mayor oleada de protestas que vive el país desde el asesinato de Martin Luther King.

Sin embargo, Trump ha reducido el problema a un tema de seguridad. En varios mítines de cara a las elecciones, el presidente ha prometido mano dura para que impere la ley y el orden y ha criticado a los alcaldes y gobernadores demócratas por su supuesta pasividad.

Política migratoria

Una de las propuestas más polémicas y también una de las que más votos le dieron a Trump en las elecciones presidenciales de 2016 fue la de construir un muro en la frontera con México, sin embargo, las dificultades para encontrar financiación para el muro han retrasado sus planes.

Según la BBC, que ha tenido acceso a datos actualizados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, desde enero de 2017 hasta primeros de septiembre se habían construido aproximadamente 507 kilómetros del llamado "nuevo sistema de muro fronterizo", que además de barreras con balizas de acero incluye patrullas, carreteras adaptadas a todas las condiciones climáticas, iluminación, cámaras y otras tecnologías de vigilancia como sensores o drones.

Familias mexicanas y estadounidenses juegan en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso (Texas). Foto: AFP

En cambio, 451 km son sustituciones o reparaciones de estructuras ya existentes que estaban deterioradas (421km de barreras primarias y 30km de barreras secundarias). En conclusión, únicamente se han construido 56 kilómetros de muro nuevo.

A falta de una valla física, Trump ha optado por otra estrategia: amenazó a México con imponer un arancel del 5% a sus productos si no detenía el flujo de inmigrantes.

Y su vecino del sur ha cumplido con creces: comenzó a emplear a la Guardia Nacional para frenar el avance de las caravanas centroamericanas y el flujo hacia Estados Unidos se redujo drásticamente.

Otro varapalo para Trump en política migratoria llegó este año de manos del Tribunal Supremo, que dictaminó que los dreamers –inmigrantes que ingresaron al país de forma irregular siendo unos niños– no podían ser expulsados, tal y como el mandatario pretendía.

Tribunal Supremo y Obamacare

El fallecimiento de la juez del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, icono feminista de la izquierda, colocó la batalla por la máxima autoridad judicial en el centro de la campaña. El presidente estadounidense nominó a la jueza conservadora Amy Coney Barrett para sustituirla, que ya ha sido ratificada para el cargo. De esta forma, cuando termine su primer mandato, Trump habrá renovado un tercio del Tribunal Supremo con jueces conservadores: serán seis escaños frente a tres.

La jueza Amy Coney, junto a Donald Trump. Foto: AFP

Durante la primera audiencia en el Senado para evaluar la candidatura de Barrett, los demócratas colocaron el futuro de la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama en el centro del debate sobre el Tribunal Supremo. Y es que la máxima instancia judicial de Estados Unidos celebrará una audiencia el 10 de noviembre para decidir el futuro de la cobertura sanitaria para millones de ciudadanos.

Trump prometió durante la campaña anterior que anularía y reemplazaría Obamacare, algo que por el momento no ha conseguido, aunque sí ha logrado desmantelar partes de la ley al reducir los períodos de inscripción, eliminar algunos subsidios o aplicar una multa a las personas que no compraron seguro de salud.

En tiempos de coronavirus, la Sanidad se ha convertido en la principal preocupación de los votantes, por lo que su apuesta por mantener el sistema sanitario privado puede pasarle factura en las urnas. 

Impeachment

Donald Trump es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos que se ha enfrentado a un Impeachment (proceso de destitución). Los demócratas acusaron al mandatario de haber condicionado el envío de ayuda militar a Ucrania y un encuentro con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, en la Casa Blanca, a que éste ordenase abrir una investigación sobre los Biden.

Y es que, hasta abril del año pasado, Hunter formaba parte del Consejo de Administración de la mayor compañía privada de gas ucraniana, Burisma, adonde llegó en 2014 cuando su padre era el vicepresidente de Barack Obama y mediador durante el conflicto por la península de Crimea.

El impeachment concluyó el pasado mes de febrero, tras la absolución en el Senado de los dos cargos de los que se le acusaba.