El objetivo de cualquier empresa con ánimo de lucro es ganar dinero, pero entre la inscripción de una sociedad en el Registro Mercantil y la publicación de la cuenta de resultados favorable de, pongamos, su vigésimo aniversario, hay todo un recorrido, un montón de peldaños que se pueden subir de muchas maneras.

DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA reúne a cuatro representantes de compañías punteras radicadas en el territorio para que expliquen de qué manera se puede realizar ese itinerario aportando algo a la sociedad y al planeta, además de a los accionistas, y sin por ello dejar de cumplir con ese objetivo primigenio de obtener beneficios para garantizar la propia supervivencia.

Esa concepción de la actividad empresarial como un activo para el desarrollo humano y profesional de sus propios trabajadores y trabajadoras, para los clientes, para el medio ambiente y para la sociedad en la que se mueven en el día a día no es otra que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), concepto que Naiara López de Uralde (Udapa, Iraitz Pérez de Goldarazena (Oreka IT, María Elisa Arroyo (Kutxabank y Hugo Ureta (Michelin desarrollan en este Encuentro DNA, que será emitido el viernes 30 de abril a las 9.30 horas.

Esas prácticas empresariales comprometidas con el entorno social y ambiental no son en realidad un fenómeno que haya surgido de la nada. Siempre ha habido quien ha hecho las cosas bien y quien las ha hecho mal, quien ha mirado más allá de los resultados económicos, pero, como señalaba Hugo Ureta, antes "existía la idea, pero no el nombre".

Con el paso de los años, la preocupación social por el medio ambiente, por la dignificación del trabajo y la fidelización de las plantillas, por la propia reputación en la sociedad de la que se forma parte, fueron precipitando y llegó un momento, en los años noventa del pasado siglo, en el que las instituciones europeas dieron forma a todo lo que, de forma difusa y desestructurada, se venía desarrollando al albur de la voluntad y la visión de futuro de cada empresa.

El 'Libro Verde' europeo

La Comisión Europea inició un camino que en 2000 se plasmó, en la Cumbre de Lisboa, en el objetivo de "convertir a Europa en una economía competitiva capaz de lograr un crecimiento económico sostenible con una mayor cohesión social". Para ello se inició un proceso de diálogo entre todas las partes interesadas y se publicó, en julio de 2001, el Libro Verde, que plasma las líneas de la política gubernamental europea en RSC.

La iniciativa buscaba un marco europeo para promover "la calidad y la coherencia de las prácticas de responsabilidad social, y el verdadero inicio del debate sobre cómo la Unión Europea podría fomentar la responsabilidad social de las empresas a nivel europeo e internacional".

Según la propia Comisión, se trataba de "fomentar prácticas correctas de las empresas; velar por la coherencia entre las políticas nacionales y los estándares internacionales; fomentar el partenariado entre empresa e interlocutores sociales; promover instrumentos de evaluación; animar a las empresas a adoptar un enfoque proactivo en relación al desarrollo sostenible; crear foros multistakeholders e incorporar prácticas de responsabilidad social en la gestión de gobierno".

Límites a la globalización

La globalización tuvo mucho que ver en esa necesidad de poner negro sobre blanco un catálogo de buenas prácticas que compensara las consecuencias del advenimiento de un nuevo orden con menos reglas, menos control y, por tanto, una mayor afección potencial negativa de la actividad empresarial sobre la sociedad y el medio ambiente.

Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Observatorio de RSC), una organización sin ánimo de lucro que nació en el año 2004 de la mano de varias organizaciones de la sociedad civil, "existe un acuerdo sobre las grandes áreas temáticas que abarca la RSC: la económica, la social y la medioambiental. Sin embargo, si algo caracteriza a la RSC es su carácter pluridimensional que afecta a distintos ámbitos de la gestión de la empresa". Estos ámbitos son los derechos humanos, las prácticas de trabajo y empleo, la protección de la salud, las cuestiones medioambientales, la lucha contra el fraude y la corrupción y, por último, los intereses de los consumidores.

Según estos consensos, los cinco principios que rigen la RSC son el cumplimiento de la legislación, una actuación global y transversal, el trabajo desde la ética y la coherencia, la gestión de impactos y la satisfacción de expectativas y necesidades.

El concepto de la RSC no llegó al ámbito legal en España hasta hace apenas dos años, cuando la a Ley 11/2018, de 28 de diciembre, incorporó al Derecho español la más reciente Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de divulgación de información no financiera e información sobre diversidad. Así, las empresas del Estado deben dar cuenta ahora de su trayectoria en materias medioambientales, sociales y relativas al personal, lo que incluye aspectos como la brecha salarial o la implantación de políticas de desconexión laboral; el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, y los compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible, la subcontratación y proveedores, los consumidores y la información fiscal.

Un aspecto importante de la nueva normativa es que las empresas ya no pueden omitir información en casos excepcionales. Hasta la aprobación de la nueva ley, con el aval institucional, la compañía podía reservarse la información que pudiese perjudicar gravemente su posición comercial.

En todo caso, más allá de las obligaciones legales de nuevo cuño, la Responsabilidad Social Corporativa ha pasado de no existir a ser una herramienta reputacional de primer orden para, por último, convertirse en una cuestión de convicciones.

El encuentro completo se emitirá el viernes 30 de abril a las 9.30 horas en noticiasdealava.eus.