Las consecuencias del coronavirus han resucitado el debate sobre los "sueldos" de los diputados y sobre si se les debe bajar ante el contexto económico que se avecina, muy deteriorado por la pandemia. Sin embargo, ahora mismo, cualquier movimiento de sus retribuciones solo depende de ellos.
Según han señalado a exdiputados y parlamentarios en activo, la única manera de que el diputado reduzca lo que recibe pasa por que quiera, por ejemplo, hacer una donación. "Pero es su decisión", aclara una fuente consultada.
Se van sucediendo ideas al respecto: el Parlamento andaluz donará a la lucha contra el coronavirus la cuantía que deje de pagar por dietas a sus diputados, en tanto que el de Catalunya ha instado a señorías a renunciar a las dietas de marzo y abril para que ese montante se invierta también en combatir el virus.
Pero, a su vez, está en discusión la bajada de los sueldos públicos de los parlamentarios, algo que ha propuesto Adelante Andalucía y han sugerido Inés Arrimadas o Irene Montero.
En el Congreso, los diputados no cobran un sueldo, sino una asignación constitucional; es un derecho que recoge el reglamento de la Cámara, artículo 8.1.
A esta asignación, blindada por la ley, hay que sumar otro derecho, el de recibir "ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento" de las funciones parlamentarias, como reconoce el artículo 8.2. "No son dietas", advierte una fuente.
El régimen económico del Congreso regula ambos derechos y pone cifras. La asignación constitucional supera, en términos brutos, los 2.900 euros mensuales, que cobran por igual todos los diputados.
Se añaden complementos derivados del puesto que tengan, desde los más de 3.200 euros brutos que cobra la presidenta del Congreso, sin contar gastos de representación y de libre disposición, a los 739 euros al mes que perciben los portavoces adjuntos de las comisiones.
¿Deben los diputados dejar de cobrar estos complementos al estar la actividad suspendida?
"No se puede pues un diputado sigue siendo diputado aunque no haya actividad, y un portavoz en la Comisión de Transportes sigue siendo portavoz en la Comisión de Transportes aunque no se reúna la Comisión", destaca un exdiputado con mucha experiencia parlamentaria.
Sobre las ayudas a la que tienen derecho los parlamentarios, el régimen económico del Congreso hace distinciones.
Por un lado, las indemnizaciones para "los gastos que les origine la actividad de la Cámara", que son de más de 1.900 euros si el diputado no vive en Madrid y de más de 900 euros si vive en Madrid.
Por otro lado, las ayudas al transporte en medio público, que no se dan directamente al diputado, sino que se abonan a la empresa que emita el billete.
Si el parlamentario usa su coche tendrá que justificarlo para recibir la cantidad resultante de multiplicar 0,25 euros por kilómetro.
Y por último, a los que carezcan de vehículo oficial, se les entrega una tarjeta para el uso de taxi en Madrid con un tope anual de 3.000 euros.
Como está la actividad suspendida, ¿deben cobrar dichas partidas?
En el caso de las indemnizaciones, otro exdiputado indica que "hay que tener en cuenta que los parlamentarios, en el 90 por ciento de los casos, viven solo de lo que cobran como tales".
"Si reciben esta ayuda es porque la mayoría, al residir fuera de Madrid, necesitan cubrir el alojamiento y su vida en la capital. No olvidemos que muchos alquilan un apartamento, que tendrán que seguir pagando ahora", añade.
Una resolución de Presidencia del Congreso de noviembre de 2014 establece la obligación de supervisar, que no controlar, los gastos que generen los desplazamientos, pero para evitar "desviaciones o abusos indeseables".
Otro aspecto a tener en cuenta es que ahora mismo las ayudas al transporte no se están pagando salvo a los diputados que acudan a los plenos convocados: ha habido dos ya, 18 y 25 de marzo.
Pero, como consecuencia de las medidas de seguridad sanitaria, la asistencia ha sido mínima y lógicamente, también, el gasto en viajes, el uso de la tarjeta del taxi o la ayuda por kilometraje.
Por tanto, instar a los diputados a que renuncien a parte de sus retribuciones se puede hacer, pero no dejará de ser una petición.
Bajar los sueldos es, por otra parte, una tarea que compete a la Mesa y que los diputados llevan a cabo cuando se da una congelación o una bajada generalizadas de los sueldos de los empleados públicos.
Si el Gobierno maneja unas cuentas para 2021 que incluyan tal posibilidad, a los diputados seguramente les afectará la congelación o la reducción salarial. Este es "el cauce" para que, entonces sí, bajen los sueldos de sus señorías, recalca una fuente.