La demanda civil interpuesta en Bélgica por el expresident Carles Puigdemont contra el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, "no es una cuestión privada, sino de Estado", ha sostenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asegura que el Ejecutivo tuvo claro esto desde el primer minuto.
Así ha intentado Sánchez zanjar la polémica abierta por el cambio de discurso por parte del Gobierno en torno a este asunto. La semana pasada, el Ejecutivo diferenciaba de forma expresa entre la defensa de la jurisdicción española y la personal del juez, a quien decía no podía representar por actos privados.
Se refería con ello el Ministerio de Justicia a un aspecto de la demanda de Puigdemont que alude a la falta de imparcialidad del juez Llarena por unas manifestaciones que realizó en un acto público en Oviedo el pasado febrero, donde al ser preguntado por la causa que instruye negó que pudiera hablarse de la existencia de "presos políticos".
Esta distinción desapareció en el comunicado oficial remitido este domingo por Moncloa, tras las críticas de jueces y fiscales por lo que consideraban dejar desamparado a Llarena. La nota subrayaba que el Gobierno defendería el sistema judicial español y al magistrado Llarena.
Preguntado en la rueda de prensa conjunta con el presidente chileno, Sebastián Piñera, si el Gobierno estaba rectificando, Sánchez respondió: "El Gobierno escucha y lo que ha hecho ha sido atender desde el primer momento los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial", el órgano de gobierno de los jueces.
En función de cómo se iban produciendo esos requerimientos, el Ejecutivo los ha ido atendiendo "siempre de manera positiva". "No es una cuestión de defender a un juez u otro con nombre y apellidos, sino que es una cuestión de que el Estado tiene que defender su soberanía jurisdiccional cuando ésta se ve puesta en cuestión", ha zanjado.
CONSEJO DE MINISTROS El Gobierno celebrará antes de final de año un Consejo de Ministros en Barcelona y otro en Andalucía con el objetivo de tratar y aprobar medidas que interesen en particular a los ciudadanos de estos territorios, ha anunciado este lunes el presidente, Pedro Sánchez.
En rueda de prensa conjunta con el presidente chileno, Sebastián Piñera, Sánchez ha indicado que su Gobierno es "profundamente respetuoso" con el autogobierno de Cataluña, pero también quiere demostrar que el Ejecutivo español tiene un proyecto para todos y cada uno de los pueblos y territorios de España.
El mismo día que desde Waterloo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su antecesor, Carles Puigdemont, exigían a Sánchez un proyecto político para Cataluña basado en hechos, Sánchez les replicaba que su programa consiste en "unir a los catalanes en torno a un proyecto que supere esta crisis de convivencia en Cataluña".
En opinión de Sánchez, lo que aglutina a la mayoría de los catalanes no es la independencia, sino el autogobierno, con el que el Ejecutivo de Sánchez pretende ser "escrupulosamente respetuoso". Prueba de ello, ha dicho, es su disposición a retirar recursos planteados ante el Tribunal Constitucional por anteriores gobiernos a algunas leyes autonómicas.
Pero ese respeto al autogobierno catalán debe ser compatible con que el Gobierno español tenga un proyecto para Cataluña, como lo tiene para con el resto de territorios. Y para demostrarlo, celebrará un Consejo de Ministros en Barcelona --también otro en Andalucía-- para aprobar medidas que atiendan problemas cotidianos de los catalanes, ya sea en materia de sanidad, educación o infraestructruras.
Dejarán patente así, en opinión de Sánchez, que el Gobierno no sólo practica una política de mano tendida a Cataluña, sino que además esa política se traduce en hechos y medidas concretas.
RETIRADA DE LAZOS AMARILLOS Al presidente también se le ha preguntado por la investigación abierta por la Fiscalía ante las identificaciones practicadas por los Mossos sobre personas que han retirado de espacios públicos lazos amarillos de solidaridad con los dirigentes independentistas encarcelados.
A diferencia de lo que pretenden hacer creer los independentistas, Sánchez ha señalado que la Fiscalía actúa de manera autónoma y, en este caso concreto, se ve obligada a solicitar esta información a los Mossos tras la presentación de una denuncia.
DIÁLOGO EN VENEZUELA España no tiene vocación de injerencia en Venezuela, ni en ninguna otra zona de América Latina, y querría ver el inicio de un diálogo entre venezolanos capaz de abrir una nueva etapa en el país, ha indicado desde Chile el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
En rueda de prensa conjunta con el presidente chileno, Sebastián Piñera, en el marco de su primera gira iberoamericana, Sánchez ha admitido la preocupación de su Gobierno por la crisis en Venezuela, que no les resulta ajena.
Tras señalar que España se siente "en deuda" con Venezuela por los exiliados de la Guerra Civil y la dictadura a los que acogió, ha reivindicado ahora la solidaridad con los venezolanos que huyen de su país.
En una línea más dura que la de Sánchez, el conservador Piñera ha lamentado que Venezuela haya dejado de ser una democracia y, pese a haber tenido todas las oportunidades para progresar, siguiera "el camino equivocado" y hoy no tenga Estado de Derecho y cuente con un PIB que es la mitad que hace 12 años.
Piñera ha llamado a la comunidad internacional a hacer lo posible para que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acepte la ayuda humanitaria que se le ha ofrecido en múltiples ocasiones y seguir luchando para que este país "recupere su libertad".
El presidente chileno ha saludado el compromiso moral de Sánchez con la situación en Venezuela y le ha animado a implicarse más en la solución de esta crisis, recordando que España "en otras ocasiones ha jugado un rol de liderazgo". Para que Venezuela encuentre pronto una solución se requerirá ayuda de todos los países y especialmente de España, ha insistido.
