La Ley Municipal garantizará la autonomía de los consistorios vascos frente a Madrid

El proyecto de Ley Municipal que alumbró el Gabinete Urkullu dota a los ayuntamientos de competencias y financiación para ejecutarlas, de la misma forma que les permite tener voz y voto en los foros donde se debatan aspectos tan fundamentales para su gestión diaria como es la distribución de ingresos. Una herramienta que desde el Ejecutivo autonómico confían en que puede ser aprobada por el Parlamento Vasco antes de las elecciones municipales y forales de mayo para que esté a disposición de las corporaciones que arrojen las urnas.

La aplicación de esta norma pondría fin a la excepcional situación de la CAV como única comunidad carente de esta ley en el Estado y avalaría las competencias locales frente a los límites impuestos por la Ley de Racionalización de la Administración Local que el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy aprobó el pasado ejercicio.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, encargado de presentar la iniciativa en su comparecencia semanal en Lehendakaritza, no ocultó su optimismo para que después de dos intentos fallidos este proyecto aúne por fin el consenso necesario que logre sacar esta “obra colectiva” adelante. Y es que, si bien el Ejecutivo presentó el contenido de la nueva norma a principios del verano, la negativa inicial de los extremos ideológicos que representan en la arena política vasca EH Bildu y PP se ha suavizado tras las alegaciones incorporadas por el Gobierno Vasco al proyecto definitivo, aportaciones que podrían incrementarse tras el paso del proyecto por el Parlamento.

Uno de los principales escollos residía en cómo elegir a los tres representantes de los 251 municipios vascos que tomarán parte en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF), órgano donde se decide la previsión de ingresos tributarios y que hasta ahora cuenta únicamente con la representación de las diputaciones forales y el Gobierno Vasco. Frente a las reticencias que suscitó este apartado, el proyecto deja en manos de la asociación de municipios con “mayor implantación” la designación de su terna de representantes que, como recordó Erkoreka, hoy por hoy es Eudel pero podría no serlo en el futuro.

Este matiz apacigua las críticas de la izquierda abertzale, que siempre se ha volcado a favor de Udabiltza como fórmula alternativa a la agrupación de municipios, pero además en este mismo apartado se especifica que será el lehendakari, en último término, el encargado de ratificar el nombramiento de los portavoces municipales, lo que da respuesta a las demandas del PP, que demandaban recubrir con el barniz institucional la elección de los portavoces consistoriales. El PSE, por su parte, siempre ha defendido la existencia de esta herramienta, de hecho, fue uno de los pilares del calendario legislativo del Gabinete López, pese a que no logró los apoyos para su ejecución.

Ante este escenario, el proyecto aprobado por el Gobierno Vasco pone sobre la mesa una ley que atribuye un listado de 37 competencias a los ayuntamientos entre las que existen ámbitos tan diferentes como la capacidad normativa para la creación y desarrollo de planes de empleo, políticas de igualdad de género o la gestión de políticas de integración social en materia de inmigración.

En lo que se refiere a la participación ciudadana y como una de las novedades más destacadas, la norma recoge la capacidad de los alcaldes para someter a consulta popular los asuntos de especial relevancia que afecten al ámbito local.

niveles institucionales Encaminada a clarificar la financiación de estas materias, la participación de los municipios incluirá además de su novedosa presencia en el Consejo Vasco de Finanzas -hasta ahora Eudel asistía a estos encuentros pero sin derecho a voto- la asistencia al Órgano de Coordinación Tributaria. En ambos casos, los representantes locales designados por Eudel y ratificados por el lehendakari dispondrán de voz y voto siempre que les afecte la distribución de los tributos.

En el caso del CVF, el portavoz del Ejecutivo autonómico explicó que será necesaria la mayoría absoluta para aprobar las decisiones a debate -cinco de los nueve miembros-, pero especificó que este resultado deberá reflejar el voto de al menos un representante por cada nivel institucional para que sea considerado válido.

Así las cosas y tras el “esfuerzo importante para incorporar las aportaciones de todos” realizado por el Ejecutivo autonómico, Erkoreka confió en que después de los intentos fallidos por los gabinetes de Ibarretxe y López, la Ley Municipal “esta vez sí pueda salir adelante”.