Vitoria. Elevado riesgo de contaminación medioambiental y escaso beneficio energético. Las dudas sobre la rentabilidad económica, social y sostenible de la aplicación del fracking en territorio alavés arrecian a la luz de los datos contenidos en un informe presentado por el sindicato CCOO, organización que recomienda la prohibición de este sistema en todo el Estado. El estudio no sólo aclara que cada uno de los pozos de extracción de gas genera ingentes cantidades de productos tóxicos que emanan a la superficie tras ser inyectados, sino que además alerta de la elevada posibilidad de contaminar los acuíferos del territorio e incluso de que afloren elementos radioactivos del subsuelo. Para colmo, establece una comparativa entre las diferentes fuentes energéticas disponibles y concluye que la diferencia entre la inversión realizada y la obtenida es de entre 2 y 5 unidades de TRE (Tasa de Retorno Energético) en el caso del gas extraído con esta técnica, mientras que con la energía eólica el índice asciende a 18 y con la fotovoltáica (solar) a 7. "El gas natural de pizarra tiene una de las TRE más bajas de las tecnologías energéticas utilizadas", expone.

Pero, ¿cómo funciona el fracking? En resumen, el análisis explica que se practica un pozo vertical que puede hundirse hasta cinco kilómetros en la tierra. Cuando se alcanza el estrato de pizarra donde se almacenan las minúsculas partículas de gas, se inicia una segunda perforación, esta vez horizontal y acompañada de pequeñas explosiones, que rompe las rocas. Ejecutados ambos agujeros, se introduce agua con elementos químicos a enorme presión para provocar que las burbujas de gas se unifiquen y salgan a la superficie. Lo negativo, es que en su camino de regreso al exterior se traen de vuelta todos los aditivos tóxicos inyectados junto con algunas sorpresas añadidas. "En los análisis realizados a los flujos de retorno se suele encontrar elevadas concentraciones de metales pesados, radioactividad y materiales radioactivos de origen natural", puntualiza el estudio.

Cancerígenos De lleno en la composición de los elementos que acompañan al agua a presión en su viaje subterráneo en pos del gas, el análisis subraya que "en una perforación estándar de seis pozos individuales y considerando sólo la primera fractura -se ejecutan hasta doce- se estima el uso de entre 1.000 y 3.500 metros cúbicos de aditivos químicos". Los organismos de control europeos clasifican este cóctel químico -cuya formulación se trata de mantener en secreto- como de "atención inmediata" debido a sus "efectos potenciales sobre la salud y el medioambiente". Diecisiete de las sustancias empleadas son, según el documento, tóxicas para organismos acuáticos, 38 tóxicos agudos, 8 son cancerígenos probados -junto a otras 6 sospechosas de serlo-, 7 son elementos mutagénicos y 5 provocan efectos sobre la reproducción (disruptores endocrinos).

El peligro, no obstante, no se circunscribe a los terrenos cercanos a los pozos. Puede incluso llegar a la ciudadanía a través del grifo de casa. "La contaminación de acuíferos es uno de los riesgos más importantes de la técnica de ruptura hidráulica. En Estados Unidos se han producido varios casos de contaminación y es el motivo de su prohibición en varias ciudades", recoge el texto.

Con respecto a la contaminación en superficie, las principales amenazas radican en los derrames, desbordes o filtraciones de los fluidos empleados causados por una capacidad de almacenaje limitada o por fallos en el transporte y en el almacenaje de los mismos. Equivocaciones que pueden deberse a errores humanos, defectos en las tuberías o depósitos inadecuados, entre otras razones.

Por si este cúmulo de riesgos fuera poco, un reciente informe de la Universidad de Cornell (EEUU) denuncia que la explotación del gas de pizarra puede emitir incluso más gases de efecto invernadero que la del carbón. "El gas natural está compuesto principalmente de metano y, según dicho informe, entre un 3,6 y un 7,9% del metano de la producción de gas de pizarra se escapa a la atmósfera durante la vida útil de un pozo", apunta el estudio de CCOO.