vitoria. La violencia machista es una lacra difícil de eliminar. De hecho, tiende a ir a más. En lo que va de año el Servicio de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género ha atendido a casi 200 mujeres en Álava, una cifra nada desdeñable que requiere disponer de personal suficiente y con habilidades que permitan ofrecer una atención de calidad. Sin embargo, es de destacar la falta de formación especializada de los colectivos profesionales que se encargan de atender a las mujeres que sufren agresiones por parte de sus parejas.
Se calcula que cerca de un 40% de los operadores jurídicos que trabajan en el área de la violencia doméstica no ha recibido formación específica alguna. Además, entre el personal que asegura haberse beneficiado de algún tipo de preparación a lo largo de su carrera profesional, la mayoría precisa que no es suficiente. Así lo constata un análisis realizado por Emakunde, en el que pone de manifiesto la necesidad de corregir esta situación para "evitar la victimización secundaria" de las mujeres así como el correcto desarrollo del procedimiento judicial.
El estudio encargado por el Instituto Vasco de la Mujer, y que recoge datos de los últimos años, analiza el funcionamiento y la eficacia de los recursos sociales en esta materia de violencia de género. A diferencia de otras ocasiones, en ésta no sólo se consulta la opinión que tienen las directamente afectadas acerca del servicio que se les presta desde las distintas instituciones, sino que el propio personal de la Administración de Justicia reflexiona sobre la atención dispensada, en función de sus propias experiencias.
El grado de motivación de estos trabajadores varía dependiendo de cada caso, aunque en lo que sí coinciden es en que sienten que la sociedad les está realizando la demanda de liderar la lucha contra el maltrato, papel para el que dicen no estar capacitados. Además, entienden que no les compete en su totalidad. En este sentido, creen que en el sistema penal no está la solución a la problemática global, y que únicamente pueden ser un punto de apoyo. Sin embargo, coinciden en que la atención podría mejorar con más formación y menos rotación en sus puestos, que en algunos servicios alcanza el 80%.
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género señala la necesidad de incluir unos criterios comunes a la formación de todos los operadores jurídicos con el objetivo de que ésta sea homogénea y de calidad. En materia de asistencia jurídica hace responsables a los colegios de la abogacía de dicha formación cuando se determine como requisito indispensable para acceder al turno específico de violencia de género, como es el caso de los colegios vascos de abogados.
En Euskadi, en virtud de lo pactado en el convenio entre la Consejería de Justicia y el Consejo Vasco de la Abogacía, cada uno de los tres colegios profesionales realiza al menos un curso sobre violencia de género anualmente, que consiste en unas jornadas de dos días de duración. Estos cursos tienen carácter obligatorio para profesionales pertenecientes al turno específico y son financiados por el Gobierno Vasco. Los propios letrados consideran como "muy positivo" el espacio de encuentro que propician las acciones formativas para el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Además, se valora de forma satisfactoria el aprendizaje a través de la transferencia de la experiencia, destacando la iniciativa de formación y acompañamiento a los nuevos letrados puesto en marcha por el Colegio de Abogados de Álava, en la que durante seis meses se forman de la mano del personal del turno más experimentado.
máster universitario En este sentido, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco acaba de convocar unas ayudas por un importe de 46.150 euros, para la realización del Máster Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres que busca favorecer la formación de personal especializado. El curso se imparte como un Máster oficial de 60 ECTS (créditos europeos) y se estructura en torno a cinco módulos: Intervención social interdisciplinar, Herramientas profesionales específicas para la intervención social, Intervención en violencia de género y violencia doméstica, Prácticas externas y Trabajo final del Máster.
El número máximo de personas beneficiarias será de quince y podrán solicitar las ayudas, hasta el 14 de agosto, las personas con vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma Vasca al menos con un año de anterioridad a solicitar la ayuda y que estén en posesión del título académico de licenciada o diplomada.
