Vitoria, 4 ene (EFE).- El matrimonio formado por Araceli Bajo y Aitor Tellería, imputados en los casos de cohecho y espionaje que investigan los tribunales, han avisado hoy a la Cámara vasca de que no comparecerán ante la comisión parlamentaria que investiga estos hechos y no darán explicaciones ante los grupos.

Bajo debía comparecer mañana y Tellería el 21 de enero, dentro de la lista de 33 personas citadas por esta comisión.

Fuentes del Parlamento Vasco consultadas por Efe han informado hoy de que el abogado de Bajo y Tellería ha remitido un burofax a la presidenta de la Cámara, Arantza Quiroga, en el que se comunica que el matrimonio no atenderá la petición de comparecencia de la comisión de investigación.

En su misiva, el abogado de Bajo y Tellería explica que sus clientes no acudirán al Parlamento Vasco porque entienden que este foro no garantiza su derecho a la presunción de inocencia y porque la investigación sobre el presunto caso de espionaje sigue bajo secreto de sumario.

La comisión de investigación ha recibido el burofax a media mañana de hoy y, tal y como anunció ayer por su presidente, Juanjo Agirrezabala (EA), si tras una segunda convocatoria los citados no comparecen se les denunciará ante la Fiscalía de Álava por un presunto delito de desobedienca.

Araceli Bajo está citada a declarar en representación de la sociedad Kataia Consulting para dar explicaciones por haber recibido ingresos no justificados por parte del Departamento de Cultura.

Aitor Tellería, ex director del Centro de Empresas e Innovación de Álava (CEIA) y antiguo dirigente del PNV en Álava, está imputado en la presunta trama de espionaje derivada del conocido caso "De Miguel" y por haber extorsionado presuntamente a una empresaria vizcaína para cobrarle una comisión ilegal en el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano.

La comisión de investigación de los presuntos casos de cohecho y espionaje político en Álava comenzó ayer sus trabajos con una primera incomparecencia, la de Iñaki San Juan, ex concejal del PNV en Leioa (Vizcaya) y administrador de las empresas Errexal y Ortzi Muga, beneficiarias de contratos presuntamente irregulares con el Departamento de Cultura.

San Juan será citado a declarar el 17 de enero y si no lo hace en esta segunda ocasión, será denunciado ante la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia tipificado en el Código Penal. Lo mismo ocurrirá con Bajo y Tellería. EFE