Madrid. Amnistía Internacional (AI) ha pedido al Gobierno que promueva una investigación urgente sobre violaciones de derechos humanos que denuncia se producen en centros de protección de menores terapéuticos, exige mayor protección legal y que se elabore un protocolo de supervisión de estas instalaciones. En el informe Si vuelvo, ¡me mato!, AI recoge denuncias de menores que han vivido en esos centros, en los que ingresan por trastorno de conducta o por encontrarse en situación de dificultad social, y realiza una investigación centrada en Andalucía, Cataluña y Madrid, donde se encuentran el 55% de ellos.
Expone que muchos de los menores, que ingresan en los centros bajo la protección y el cuidado de las administraciones, son sometidos a castigos (atados, amordazados), ingresados en celdas de aislamiento y reciben medicación forzada, sin que se investiguen estas situaciones.
"Los menores que ingresan en esos centros están totalmente indefensos, porque nadie sabe cuántos son y cuántos centros existen y las administraciones y las entidades privadas que los gestionan dificultan que se lleve a cabo esas investigaciones independientes", dijo el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
También lo explicó Sara Caras, que estuvo ingresada en el centro malagueño Dulce Nombre de María, donde ingresó a los 15 años procedente de un centro de protección, en el que había vivido desde que a su madre le retiraran su custodia.
"Me daban continuamente tranquilizantes, ingresé en celdas de castigo, me ataban a la cama, me ponían esparadrapo en la boca para que no gritara, me pegaban puñetazos y a veces me despertaba sentada en un silla, a la que había estado atada durante doce horas", dijo Sara, quien explicó que nunca iba al colegio.
Según la joven, esta actitud la mantenían todos los educadores del centro y lamentó "no haber conocido nunca a nadie que se sentara a escucharnos o a darnos consejos".
Su abogado, José Antonio Bosh, destacó la paradoja de que la mayoría de estas niñas son trasladadas a estos centros "porque sus familias no pueden atenderles" y cuando cumplen los 18 años "devuelven a los niños, sin estudios y sin redes sociales, totalmente indefensos".
indefensión legal "Los Estados tienen la obligación de velar por el desarrollo integral del menor, ayudar a sus familias para que salgan de la exclusión y puedan recuperar a sus hijos", señaló el abogado, quien lamentó la indefensión legal en la que se encuentran los menores y sus familias frente a las decisiones administrativas. Amnistía ha recordado que el Defensor del Pueblo, en su último informe, y varios defensores autonómicos han denunciado estas situaciones, "pero las administraciones no lo han tenido en cuenta y no han hecho prácticamente nada".
Por ello, ha anunciado que habrá movilizaciones, sobre todo en las tres comunidades analizadas, "para exigir que estos menores tengan la protección que se merecen". De los 58 centros conocidos, tres son de gestión pública y el resto privada, ha señalado la organización. Amnistía Internacional reclama que el Gobierno elabore junto con las Comunidades Autónomas protocolos para contar, controlar y supervisar todos los centros de protección terapéuticos, y que se reforme la Ley del Menor para que sea necesaria la supervisión judicial de los menores que estén siendo intervenidos por la administración.
