- La Comisión Europea (CE) condenó ayer toda forma de interceptación ilegal de los sistemas de comunicación de los usuarios europeos, en el contexto del escándalo de espionaje Pegasus, y afirmó que la seguridad nacional no puede constituir un “cheque en blanco” para no respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Así lo sostuvo el comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, en el pleno del Parlamento Europeo, donde aseguró que los medios de comunicación y los miembros de la oposición política deben trabajar de forma libre e independiente sin temor a represalias, porque, en su opinión, ambos resultan “cruciales” para la democracia. “Todo intento por parte de los servicios de seguridad nacional de acceder ilegalmente a los datos de individuos, ya sean abogados, periodistas, fiscales, militantes de la sociedad civil u opositores políticos, es completamente inaceptable”, manifestó.

Reynders recordó que aunque las competencias sobre seguridad nacional recaigan en los Estados miembros, estos no quedan exentos de la legislación europea simplemente porque afirmen actuar en interés de la protección del Estado. “Que una medida se presente como vinculada a la seguridad nacional no significa que todo esté permitido”, recalcó.

En este sentido, el comisario puntualizó que los países de la UE pueden servirse de las nuevas tecnologías, que a su juicio desempeñan un papel “esencial” para las fuerzas policiales y judiciales, pero siempre y cuando se empleen de forma “proporcional” y conforme a la legalidad.

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha repetido una y otra vez esta cuestión. Según su jurisprudencia, los Estados miembros tienen que justificar sus medidas, vigilar a sus servicios de seguridad y garantizar que se respeten los derechos fundamentales relativos a la privacidad y a la protección de los datos personales”, subrayó Reynders.

Respecto al programa informático Pegasus, el comisario insistió en que el Ejecutivo comunitario espera que las autoridades de protección de datos hagan un pleno uso de sus competencias para investigar de manera independiente la posible utilización del software por parte de los Gobiernos de Polonia y de Hungría. “Les garantizó que en la Comisión seguimos muy de cerca esta cuestión y que estamos obteniendo toda la información al respecto”, aseveró el comisario en su intervención.

Por su parte, el supervisor europeo de protección de datos pidió ayer prohibir el programa de espionaje Pegasus. Advirtió de que el software israelí conduce a “un nivel de intrusión sin precedentes” y que es incompatible con los valores democráticos. Por ello, argumentó que la forma más eficaz de proteger derechos y libertades es prohibir su desarrollo y despliegue en la UE. Según este organismo europeo, prohibir el programa sería la “opción más eficaz” para proteger los derechos porque esta tecnología, que funciona con éxito y podría conducir a “un nivel de intrusión sin precedentes”.

Algunos gobiernos europeos como Hungría, por ejemplo, han reconocido haber comprado el programa, que también se habría utilizado en Polonia, aunque el supervisor no descarta que la lista de Estados miembros en la UE sea mayor.

El último gran escándalo ha sacudido a Israel. Revelaciones de Calcalist sacaron a la luz que la policía habría espiado a una amplia esfera de ciudadanos, incluidos familiares y personas del círculo cercano al ex primer ministro Benjamin Netanyahu.