- El primer ministro esloveno, Janez Jansa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostraron ayer diferentes opiniones sobre la urgencia de nombrar a un fiscal delegado esloveno para la Fiscalía Europea contra el Fraude, un proceso sobre el que Bruselas ha pedido a Liubliana rapidez de manera repetida ante los primeros desembolsos millonarios del fondo de recuperación pospandemia. “La Fiscalía Europea contra el Fraude es un componente crucial para proteger el dinero de los contribuyentes europeos. Es positivo que Eslovenia se haya unido, ahora debe cooperar con la Fiscalía y es el momento de que nombre a un fiscal delegado. Cuento con el primer ministro para que presente candidatos con la mayor urgencia”, dijo Von der Leyen en una rueda de prensa conjunta.
La alemana se desplazó hasta la capital eslovena con su equipo de comisarios con motivo del comienzo de la presidencia semestral eslovena del Consejo, que arranca marcada por la preocupación de Bruselas por el retraso de Liubliana a la hora de nombrar a su representante para la Fiscalía Europea contra el Fraude. La Comisión Europea tiene “dudas” sobre el procedimiento que ha seguido el país y ha pedido “información precisa” sobre por qué Eslovenia anuló el pasado 27 de mayo el nombramiento de los nuevos fiscales delegados.
La Fiscalía Europea, que cuenta con una financiación anual de 44,9 millones de euros, funciona a dos niveles: el primero, centralizado en Luxemburgo, con la fiscal jefe y 22 fiscales (uno por cada Estado participante) y un segundo, con los fiscales nacionales delegados, que trabajan en sus respectivos países de forma coordinada. La falta de un fiscal delegado esloveno complicaría la vigilancia sobre un gasto correcto de los 2.500 millones de euros que llegarán al país del fondo de recuperación después de que la Comisión Europea diera luz verde al plan esloveno este mismo jueves.
Jansa restó importancia a la falta de fiscal delegado esloveno e insistió en que Eslovenia se unió voluntariamente a este mecanismo, en el que no participan, entre otros, países como Irlanda o Suecia. “¿Entonces los fondos están en riesgo en Suecia? No exageren”, dijo Jansa en respuesta a los periodistas, a lo que añadió que como Estado soberano su país tiene legislación propia para vigilar el desembolso y buen uso de fondos europeos y recordó que llevan gestionando este tipo de financiación desde su entrada en la Unión Europea en 2004.
Aunque Eslovenia no tiene ningún expediente abierto con Bruselas por sus deficiencias en el cumplimiento del Estado de derecho, como sí tienen Hungría y Polonia, Jansa fue uno de los pocos que defendió a su homólogo húngaro Viktor Orbán en la cumbre europea del 24 de junio durante el debate sobre los ataques al colectivo LGBTIQ. Jansa afirmó que el debate fue sobre “qué derechos tienen prioridad sobre otros y en qué punto del espectro se lucha por el derecho de los padres a educar a sus hijos”. “La UE consiste en 27 Estados miembros con historias y culturas diferentes. No todos hemos vivido 200 años en democracia o 70 años en un Estado del bienestar.”, añadió.
La segunda presidencia del Consejo de la historia de Eslovenia, que entró en la Unión Europea hace 17 años, se estrena también marcada por las críticas de Bruselas y diversas organizaciones internacionales a la actitud de Jansa hacia la libertad de prensa. Reporteros sin Fronteras advirtió ayer del riesgo de que “abuse de la presidencia para obstruir esfuerzos para reforzar la libertad de prensa en Europa”. “Desde su llegada al poder en marzo de 2020, el primer ministro Janez Jansa y su gobierno han ignorado la libertad de prensa. Han atacado frecuentemente a periodistas eslovenos e internacionales en redes sociales, intentado socavar la independencia editorial y financiera de la televisión pública y suspendido de manera arbitraria la financiación de la agencia de noticias pública”, advirtió RSF.
Von der Leyen transmitió a Jansa que la presidencia del Consejo tiene “un papel importante que jugar” en asuntos de Estado de derecho y pidió que asegure la independencia y financiación de este servicio público.
