Lisboa - El Gobierno portugués confirmó ayer que los transportistas en huelga no están acatando la intervención legal del paro, que les obliga a trabajar, pues de negarse se pueden enfrentar incluso a penas de prisión, y avisó de que dicha medida puede ampliarse si al final del día se constata el incumplimiento de los servicios mínimos.
En el balance de mitad de la jornada, presentado en rueda de prensa, el ministro de Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, afirmó que la requisición civil, nombre jurídico de la intervención del paro, no se estaba cumpliendo en Faro (sur). La situación fue calificada de “grave” por el ministro, quien precisó que los militares tuvieron que hacerse cargo del transporte de combustible desde Loulé al aeropuerto de esa ciudad, una tarea que estaban obligados a hacer por ley los transportistas.
Faro era uno de los lugares donde el lunes el Gobierno portugués había decretado la requisición civil, un instrumento extremo que no solo moviliza a los militares para garantizar el suministro sino que obliga a trabajar a los huelguistas que sean necesarios para el abastecimiento esencial.
La decisión de intervenir la huelga generó un malestar entre los transportistas que estalló ayer por la mañana, cuando el portavoz del sindicato que les aglutina, Pedro Pardal Henriques, advirtió de que los trabajadores no acatarían esa obligación legal de ir a trabajar. “Si un conductor va a ser apresado, entonces el señor ministro tiene que traer varios autobuses para llevar también a los 800 transportistas del país”, agregó Pardal Henriques, en alusión a las posibles consecuencias de n o cumplir. En ese sentido, Matos Fernandes recordó en su rueda de prensa que han sido identificados catorce conductores que incumplieron la requisición civil el martes, once de los cuales ya han sido notificados, e instó a tener en cuenta las consecuencias que desafiar dicha medida puede tener.
Al margen de esta cuestión, el ministro dijo que los servicios mínimos se estaban cumpliendo por el momento, aunque advirtió de que el balance definitivo solo podrá hacerse al final del día, cuando no se descarta que se amplíe la intervención legal del paro. - Efe