Asociarse para defender intereses colectivos

Hubo un tiempo en el que organizarse colectivamente no era un derecho garantizado. Las asociaciones estaban sometidas a autorización y control del gobierno. Las primeras asociaciones tuvieron que moverse en un margen muy estrecho. Hoy, el derecho de asociación está protegido por la Constitución. Cincuenta años después podemos preguntarnos ¿para qué sirve asociarse ahora?

El Registro de Asociaciones de Euskadi recoge 4.836 entidades en el territorio. Son 58 tipos de asociaciones, desde la promoción cultural (la más frecuente) a deportivas, musicales, recreativas, vecinales, etc. Y, junto a ellas, existe también un tejido menos numeroso y muy específico: 194 asociaciones desarrollan una labor sociosanitaria, de apoyo a personas con enfermedades, discapacidad o situaciones de vulnerabilidad.

Esta diversidad no es solo estadística. Asociarse sirve para algo más que reclamar; sirve para organizar intereses comunes, sostener proyectos y, cuando es necesario, influir en decisiones públicas.

En el ámbito social, distintas entidades canalizan necesidades que, de otro modo, quedarían dispersas. Organizaciones como la ONCE o asociaciones alavesas como Asafes, Ascudean, Adalava o Adelprise prestan apoyo a sus socios y, además, actúan como interlocutores ante las administraciones, trasladan demandas colectivas y visibilizan realidades que, de forma aislada, tendrían menor alcance público.

Por su parte, las asociaciones sectoriales permiten a pequeñas y medianas empresas compartir información, defender intereses comunes y hablar con una sola voz ante normativas o cambios regulatorios que afectan a un conjunto amplio de profesionales.

La estructura adopta una forma distinta en el caso de los colegios profesionales. Los colegios tienen funciones públicas delegadas por ley. No solo representan a sus colegiados, sino que ejercen funciones de ordenación profesional, control deontológico e interlocución institucional. En Álava, corporaciones como el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava, el Colegio de Mediadores de Seguros de Álava cumplen esa función de representación estructurada.

En todos estos casos, el patrón es común. Una persona puede plantear una reclamación. Una organización puede sostenerla en el tiempo, convertirla en interlocución formal y, en algunos casos, influir en decisiones públicas. El cambio no es solo cuantitativo —más personas—, sino cualitativo: hay estatutos, órganos de gobierno, procedimientos y legitimidad reconocida.

Eso no significa que el asociacionismo esté exento de retos.

No todas las entidades mantienen una base social activa. Algunas sobreviven con participación limitada y otras dependen en gran medida de subvenciones públicas, lo que puede condicionar prioridades. La existencia formal de una estructura no garantiza eficacia ni resultados.

A ello se suma un contexto social distinto al de hace décadas. Las redes sociales permiten organizar campañas rápidas y generar visibilidad inmediata. Pero esa velocidad no siempre se traduce en continuidad. Las redes movilizan, sí, pero las asociaciones necesitan de voluntariado y de financiación para continuar activas.

En la práctica, asociarse significa convertir una iniciativa individual en algo que puede beneficiar a la sociedad en su conjunto. Puede ser un proyecto cultural, una red de apoyo, un espacio de encuentro o una causa compartida.

Cincuenta años después de que el derecho de asociación quedara plenamente reconocido, la cuestión es cómo se utiliza. Y en Álava, los datos muestran que se utiliza para crear, para acompañar, para organizar y, cuando hace falta, para hacerse oír.