Luz verde a la oficina para indemnizar a víctimas de abusos de la Iglesia

Desde este mismo miércoles, las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica podrán hacer uso de la oficina para el reconocimiento y la reparación de esta lacra, que entrará en funcionamiento después de que este martes el Consejo de Ministros aprobara su creación.

Según el protocolo que firmaron el pasado 30 de marzoel Gobierno español, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo –que ejerce la tutela del modelo–, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia católica, sin tope a las indemnizaciones, para las víctimas de casos que hayan prescrito.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete de este martes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recordaba que este mecanismo estará vigente un año –prorrogable a un segundo– y anunció que realizarán una campaña informativa en colaboración con todas las asociaciones de víctimas de abusos de España “para que puedan con toda facilidad conocer cuáles son los trámites para acudir a este nuevo modelo”. Además, remarcaba que el objetivo es “reparar a todas esas personas que sin duda sufrieron un abuso” y que no pueden acudir a los tribunales porque el delito está prescrito o el victimario fallecido y que “la única vía que tienen de reparación es esta”.

"Creo que hacemos justicia y ahora es muy positivo que todas las víctimas de estos abusos conozcan cuál es el procedimiento y a partir de mañana puedan hacerlo efectivo", ha destacado Bolaños, que ha recordado que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto.

Desde este miércoles 15 de abril, la nueva oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recibirá las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica (www.mpr.gob.es), y ofrecerá orientación a las víctimas vía correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95).

La última palabra, del Defensor del Pueblo

Las solicitudes recibidas se remitirán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes, que elaborará la propuesta de reparación. Si las partes la aceptan, será definitiva y la Iglesia deberá darle cumplimiento.

Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso y si éste no fuera posible, el Defensor del Pueblo "tiene la última palabra y es la Iglesia católica la que responderá económicamente o con cualquier reparación a la que dé lugar el proceso", ha aseverado Bolaños.

"La Iglesia va a pagar"

Preguntado por si el Gobierno contempla algún tipo de medida en caso de que la Iglesia no abone esas indemnizaciones, Bolaños ha asegurado que hay una "red de garantías mullida" para que la Iglesia repare a las víctimas. "La Iglesia va a pagar. Primero, porque tiene voluntad de hacerlo; segundo, porque hemos llegado a un acuerdo donde se establece; tercero, porque van a pagar las diócesis o las congregaciones religiosas; y cuarto, en el caso de que no tengan fondos las diócesis o las congregaciones religiosas específicas, son responsables, en última instancia, la Conferencia Episcopal y la Confer", zanjaba.

"Es su voluntad, ellos quieren reparar ese daño, hacer justicia con esas víctimas que durante décadas fueron olvidadas, humilladas, orilladas, que en ocasiones ese dolor fue incluso mayor que el propio abuso, y ahora la Iglesia está comprometida gracias al acuerdo al que ha llegado este Gobierno con ellos", incidía el ministro.

Reparación restaurativa y económica

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.