Gobierno español y Conferencia Episcopal firman un protocolo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales

El Gobierno español y la Conferencia Episcopal firmarán este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, junto al defensor del Pueblo.

A las 11:00 horas de este lunes está prevista la rúbrica del sistema de reparación de abusos sexuales, en la sede del Defensor del Pueblo, según la convocatoria de la que ha informado la Conferencia Episcopal.

El acuerdo será firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

El convenio entre Iglesia y Ejecutivo debería haberse suscrito en febrero, tal y como preveía el acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 entre la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos y el Gobierno para establecer un sistema mixto Iglesia-Estado de reparación a las víctimas de abusos en el ámbito eclesial.

En concreto, el documento señalaba que para formalizar el acuerdo, la Iglesia Católica (CEE y CONFER), el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes debían firmar "un convenio de colaboración" al "mes siguiente" a la adopción del acuerdo (es decir, en febrero); y añadía que sería a partir de entonces cuando comenzaría a contar el plazo de un año (prorrogable a dos) para presentar las solicitudes de indemnización por parte de las víctimas.

"A los efectos de la presentación de las solicitudes de reparación, el plazo de vigencia de este acuerdo será de un año, prorrogable por un año más si las partes así lo acuerdan. En todo caso, dicho plazo se computará desde la firma del convenio previsto en el apartado siguiente que deberá producirse en el mes siguiente a la adopción del presente acuerdo", rezaba el acuerdo, suscrito por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego.

Según el acuerdo, a partir de la firma de este documento las víctimas podrán empezar a presentar sus solicitudes durante el plazo de un año, prorrogable a dos.

Además, señalaba que este convenio negociado debería contar con la opinión de las víctimas y definir "el estatuto básico" de estas, referido al procedimiento y organización para el reconocimiento de la condición de víctima y a las distintas formas de reparación integral, entre las que contempla: las de carácter restaurativo y simbólico; la reparación psicológica o psiquiátrica que podría extenderse a su familia, y la reparación moral.

Sin embargo, el acuerdo no se había llegado aún a formalizar ya que, como detalló la semana pasada el Defensor del Pueblo en la rueda de prensa posterior a la entrega del Informe Anual de la institución a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se estaba negociando "cómo se concibe la reparación" y aclaró: "no es simplemente un asunto económico".

"Lo último que nosotros queremos es que se haga una especie de cuadro y se empiece a ver una distribución, como quien en una ventanilla bancaria empieza a querer pagar los dolores y sufrimientos de la vida personas", advirtió.

En esta línea, señaló que, si se está dilatando la firma del convenio previsto para febrero es porque están tratando de "lograr el máximo acuerdo posible". "No sé dónde está para otros dónde está la dificultad. Para nosotros está en buscar el máximo acuerdo posible", enfatizó.

Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo aseguró que durante el pasado año siguieron atendiendo a víctimas de abusos en la Iglesia y aseveró que las puertas de la institución siempre van a estar abiertas para ellas.

La semana pasada, la Iglesia española celebró la petición del Defensor del Pueblo para que se investigara la explotación sexual de menores tutelados, tal y como recoge el informe de la institución de 2025 que presentó en el Congreso, al tiempo que volvió a exigir exención fiscal a las indemnizaciones que reciban las víctimas de abusos.

Así lo pusieron de manifiesto a Europa Press fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que señalaron que esta fue una de las peticiones que la CEE incorporó al acuerdo firmado Bolaños, el pasado 8 de enero, para la creación de "una vía nueva a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial".

En este sentido, añadieron que siguen reclamando la exención fiscal de las reparaciones a las víctimas de abusos que la Iglesia ya ha pagado, algo que, según recordaron, por ahora solo se produce en Navarra.

En relación a la firma de este acuerdo con el Defensor del Pueblo, fuentes de la negociación señalaron que la Iglesia mantiene también la necesidad de que no se den duplicidades en la gestión de los casos, "como establecía el acuerdo del día 8 de enero". A juicio de los obispos, se trata de que no se den dos acuerdos distintos sobre el mismo caso. Así, alertaron de que cambiar esa condición sería cambiar las condiciones del acuerdo ya firmado con el ministro Bolaños.

La Iglesia española recalcó que el procedimiento creado por el Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA) no es una obligación legal de la Iglesia ni tiene un marco jurídico, sino una cuestión "estrictamente moral" que la Iglesia se ha impuesto para acoger a aquellas víctimas que no han podido acudir a una instancia jurídica.

Así, subrayó que es un procedimiento que funciona, que acoge a las víctimas y que ofrece reparaciones "muy por encima de lo dispuesto por las sentencias civiles". Además, recordó que este procedimiento quedará abierto aún en el supuesto de que no se llegara a un acuerdo pues su propuesta es de reparación integral que abarca lo económico pero también el acompañamiento, la acogida, y el encuentro con las víctimas.

Por ello, aclararon que el propósito del acuerdo con el Defensor es poder recibir a través de su oficina los casos de víctimas que no quieran acudir directamente a la Iglesia, un procedimiento complementario "pero no alternativo" por lo que, según insistieron los obispos, sus condiciones no pueden diferir de las que sí acuden a la Iglesia.