Euskadi rechaza el cauce del Ministerio de Educación para aprobar su reforma de mejora de la docenciaEP
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha expresado su “disconformidad” con la falta de bilateralidad por parte del Estado en la gestión de la nueva reforma educativa, aunque ha mostrado sintonía con el fondo de las medidas. Durante la Conferencia Sectorial celebrada ayer, Pedrosa destacó que Euskadi ya aplica de forma autónoma gran parte de las novedades, como la regulación de la jornada lectiva en la red pública, la reducción de ratios en centros con mayor complejidad educativa o la dotación de recursos adicionales para el alumnado con necesidades educativas especiales.
Según el Departamento de Educación, para Euskadi es prioritario “consolidar un sistema educativo centrado en la equidad y la inclusión, así como en la mejora de los resultados y el bienestar del alumnado”.
En este marco, Pedrosa defendió que las iniciativas estatales que afectan a la organización del sistema educativo vasco “se trabajen de manera bilateral, con la participación del Gobierno Vasco, con reconocimiento de las experiencias ya existentes en cada territorio, especialmente cuando tienen impacto presupuestario y requieren una adecuada gestión, planificación y financiación”. Asimismo, la consejera apeló a respetar las normativas y las políticas que se desarrollan en Euskadi.
Efectos nulos
La reducción del tamaño de clase tiene unos efectos, por lo general, “pequeños o nulos” en el aprendizaje y es una política “muy costosa” ya que exige contratar más profesorado (el 70-80% del gasto educativo se destina a salarios), y disponer de más aulas. Así lo refleja el estudio ‘Clases más pequeñas, impactos limitados para inversiones elevadas’ publicado por EsadeEcPol, que destaca que en España “resulta crucial determinar si esta política constituye el mejor uso del presupuesto, ante un escenario de caída de la natalidad”.
Memoria económica
La titular vasca de Educación efectuó estas declaraciones tras la reunión de la Conferencia Sectorial en la que la ministra Milagros Tolón explicó a las CC.AA. los detalles de la nueva reforma. Tolón afirmó que la bajada de ratios en las aulas tiene “beneficios” para el alumno y confirmó que el anteproyecto de ley que incluye esta medida incluirá memoria económica.
El anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria fue aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros a finales de 2025 y con Pilar Alegría todavía al frente de la cartera de Educación. Reduce la ratio de alumnos por clase y fija un máximo de horas lectivas para los docentes en Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Tras la Conferencia Sectorial, el Ministerio convocará una mesa sindical y, posteriormente, el anteproyecto llegará al Consejo de Ministros para empezar el trámite parlamentario.
“Lo más importante es seguir avanzando. Si nos dicen (las CC.AA.) que paralicemos el anteproyecto, el Gobierno lo tiene claro: Es necesario esta reforma porque lo pide la comunidad educativa”, zanjó Tolón, al tiempo que destacó que la norma ya cuenta con el visto bueno del Consejo Escolar y aseguró que van a ser “flexibles” antes de aprobarla en segunda vuelta en el Consejo de Ministros: “Cuantas más aportaciones mucho mejor”.
El anteproyecto de ley fija rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Primaria, etapa en la que la ratio es actualmente de 25, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que ahora es de 30. La norma también contempla establecer un máximo de horas de docencia en aula, que quedarán establecidas desde el próximo curso. Así, quedarían en un máximo de 23 en Primaria y 18 en ESO, Bachillerato y resto de enseñanzas.