El 40% de las víctimas de agresión sexual que atiende Osakidetza son niñas y adolescentes menores de edad

Cuatro de cada diez víctimas de agresión sexual atendidas por Osakidetza son menores de edad. Además, 88 no habían cumplido ni los siete años. Esta es la desgarradora fotografía sobre las intervenciones realizadas por el Servicio Vasco de Salud por casos de abuso sexual confirmados o sospechas durante el periodo 2020-2025. En una respuesta parlamentaria, el consejero de Salud, Alberto Martínez, revela que en este periodo los profesionales de los centros de atención primaria y hospitales vascos proporcionaron atención médica y psicológica especializada a un total de 1.302 mujeres que referían haber sido víctimas de violencia sexual, de las que 521 fueron niñas y adolescentes de 0 a 18 años.

Según los datos facilitados por el Departamento de Salud, el grueso de los abusos se produjeron durante la preadolescencia y adolescencia: 219 casos en la franja de 07-14 años y 214 casos en la etapa que va de los 15 a los 18 años. El abuso sexual de adultos confirmado es la tipología de agresión más común, seguida de la sospecha de abuso sexual infantil entre menores. La Estrategia Vasca contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia 2022/25 define la violencia sexual como los contactos e interacciones entre una persona menor y una persona adulta cuando esta última utiliza a la menor para estimularse sexualmente, al infante o a una tercera persona.

El abuso puede ser perpetrado por una persona menor de 18 años cuando es significativamente mayor que la víctima o cuando la persona menor agresora está en una situación de poder o control sobre la otra. No se refiere únicamente al abuso sexual, incluye diferentes conductas sexuales, que pueden darse con contacto físico o sin él, llevadas a cabo bajo coerción, manipulación o uso de la violencia. Esta forma de violencia se ejerce tanto en el ámbito familiar (como el abuso) como fuera de él, por parte de otras personas que no son conocidas o grupos (como la agresión, la trata con fines de explotación sexual).

Abusos cometidos por adultos

En este sentido, el balance de Salud detalla que desde 2020 hasta septiembre de este año se han atendido a 430 menores por abuso sexual de adultos confirmados, 125 por sospecha, 56 abusos entre menores, 274 por sospecha y 41 por violencia de género, 26 por sospecha. Asimismo, se abordó un caso de maltrato sexual que complicó el embarazo de la adolescente. En su respuesta, Salud puntualiza que una misma persona puede tener varios diagnósticos en diferentes años o estar en distintos grupos de edad, según el momento del diagnóstico. Por ello, la suma de las columnas de la respuesta no necesariamente coinciden con el total general.

Los datos del Gobierno vasco son una evidencia más del preocupante aumento de los delitos sexuales contra menores que tanto la Fiscalía, como la Ertzaintza vienen registrado los últimos años. Sin ir más lejos, esta misma semana Save the Children ha revelado que –en base a datos del Ministerio del Interior– 448 menores fueron víctimas de un delito sexual el año pasado en Euskadi: el 53% de ellas tenían entre 14 y 15 años; y el 47% restante eran menores de 13 años. Sólo de enero a septiembre de este año, el personal de Osakidetza atendió a 135 niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual en distintos grados de consumación y gravedad.

Juicios de más de dos años

Si las secuelas físicas y psicológicas de este tipo de violencia son graves, aún lo son más cuando las víctimas no alcanzan la mayoría de edad, según Amelia Valladolid, ginecóloga del Hospital del Basurto. Además, los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales siguen enfrentándose a procesos judiciales demasiados largos que exponen nuevamente al dolor de los hechos sufridos. El informe de Save the Children Por una justicia a la altura de la infancia revela el 61% de las sentencias en Euskadi tardan más de dos años en resolverse. La infancia más joven es la más afectada puesto que el 88% de las víctimas tenía menos de 15 años cuando se produjeron los abusos. Todas las sentencias en materia de abuso sexual contra menores registradas desde 2019, tenían como acusado a un hombre. En 2019, por ejemplo, los acusados fueron sobre todo monitores y educadores o familiares directos, mientras que en 2023 predominaban las parejas de las madres de las víctimas. En los casos más recientes, la mayoría de los acusados eran desconocidos para los menores. La duración de los procesos judiciales es uno de los factores más preocupantes en Euskadi. Únicamente un 19,5% de los procedimientos se resolvió en menos de dos años.

Esta dilación, además de prolongar la incertidumbre, obliga a los niños y niñas a revivir los hechos en repetidas ocasiones durante la instrucción y el juicio, lo que provoca un grave impacto psicológico. Según la ONG, la prueba preconstituida (la grabación del testimonio del menor para que no tenga que repetirlo en el juicio) apenas se aplicó en algunos procedimientos, pese a que es obligatoria para los menores de 14 años. Cuando se utilizó, como en tres de los cuatro casos analizados en 2024, todas las sentencias fueron condenatorias, lo que muestra su eficacia tanto en la protección de las víctimas como en la solidez de los procesos.

En cuanto a los resultados judiciales, entre 2019 y 2024 se dictaron en Euskadi 75 condenas frente a 13 absoluciones, lo que supone un 85% de condenas. Muchas de las absoluciones estuvieron motivadas por la falta de pruebas, especialmente en aquellos casos donde no se admitió la prueba preconstituida. Según Save the Children, estos datos evidencian “la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de la infancia en el proceso judicial para evitar que los casos se archiven por insuficiencia probatoria, a pesar de la existencia de indicios sólidos de violencia sexual”. Ante este panorama, la organización reclama “medidas urgentes” para situar el interés superior de los niños y niñas en el centro del sistema judicial. La organización subraya la necesidad de que Euskadi ponga en marcha “de manera efectiva” el modelo Barnahus (casa de los niños), recogido en la Ley Vasca 02/2024 de Infancia y Adolescencia y que cumula ya tres años de retraso. Este modelo, ya implantado en Catalunya, permite que las víctimas sean atendidas en un entorno amigable y coordinado por profesionales especializados, reduciendo la revictimización y agilizando los procesos.

Los resultados del proyecto piloto en Tarragona han demostrado que con Barnahus la duración de los procedimientos se reduce de casi tres años a poco más de uno, aumenta la tasa de condenas y mejora significativamente la experiencia de las víctimas. “Estos procesos largos dificultan significativamente la recuperación de los niños y niñas víctimas. La implementación de sistemas de justicia especializada ayudaría a reducir estos tiempos, al agilizar los procedimientos y limitar la necesidad de múltiples declaraciones”, afirma Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children.

La organización recuerda que la violencia sexual contra la infancia “es una de las formas más graves de violencia” y que, sin una justicia adaptada a las necesidades de los menores, la protección resulta insuficiente. “Euskadi –concluye– tiene ahora la oportunidad de liderar el cambio en favor de una justicia que proteja, acompañe y repare a los niños y niñas víctimas de violencia sexual”.

Si las secuelas físicas y psicológicas de este tipo de violencia son graves, aún lo son más cuando las víctimas no alcanzan la mayoría de edad, según Amelia Valladolid, ginecóloga del Hospital del Basurto.

El 40% de las víctimas de agresión sexual que se atienden en Osakidetza son menores de edad. ¿Cuál es el papel que desempeñan los profesionales sanitarios?

Los profesionales sanitarios colaboramos con las profesionales de la medicina forense en la valoración de las víctimas de agresiones sexuales, ya sean estas mayores o menores de edad. Dentro de esta valoración realizamos conjuntamente tanto la anamnesis como el examen clínico. Esta evaluación en un solo acto, realizando el reconocimiento de manera simultánea y coordinada, pretende reducir el impacto psíquico en la víctima de violencia sexual. Generalmente, dentro de este reconocimiento se realiza la toma de muestras de interés legal, así como las muestras de interés clínico; se inician los tratamientos preventivos que se consideren oportunos, planificando siempre un seguimiento de las víctimas en consulta.

Supongo que en un porcentaje elevado de los casos las víctimas no presentan evidencias físicas de la agresión ¿Cómo actuáis para intentar que la menor se abra y exprese lo que le ha pasado?

Sufrir una agresión sexual es una vivencia traumática y dolorosa que afecta de manera transversal a las víctimas. Tiene graves consecuencias para la salud física, psicológica, sexual y social. Y estas consecuencias se agravan cuando la agresión sexual se produce en una menor. Para que la víctima exprese lo que le ha pasado es esencial que se cree un ambiente que propicie la confidencialidad, la comunicación, así como la mayor intimidad posible. Para ello, proporcionamos un trato comprensivo a la víctima, dejándola el tiempo que necesite para expresarse y estando presentes en la consulta solo el personal indispensable. Durante el reconocimiento es esencial proceder con lentitud, y le preguntamos con frecuencia si se puede proseguir: los tiempos debe marcarlos la víctima.

¿Hay síntomas de alerta?

La violencia sexual es una de las prácticas más habituales de violencia machista contra las mujeres, pero la menos denunciada a nivel mundial. Esa invisibilidad viene motivada en ocasiones porque la víctima no identifica lo vivido como un delito denunciable. Otras veces el miedo a no ser creídas, la culpa o la vergüenza pesan mucho y silencian a la víctima. Las y los profesionales sanitarios tenemos que detectar las señales que manifiestan las pacientes, que en ocasiones son sutiles, y acoger, proteger y acompañarlas en este camino. Las mujeres jóvenes son las principales víctimas de la violencia sexual. En los menores hay varios indicadores que ponen en alerta a los y las pediatras, siendo el indicador más potente y específico de violencia sexual infantil el hecho de que un menor o una menor nos cuente que ha sido víctima de violencia sexual.

¿Cuál es el objetivo de vuestra intervención?

El objetivo de nuestra intervención como sanitarias es proporcionar a las víctimas de agresión sexual una atención integral. Realizamos una valoración clínica y legal de la paciente, con la recogida de los indicios del delito de la mano de las y los profesionales de la medicina forense, con quienes trabajamos codo a codo, para minimizar el impacto emocional a las víctimas. Dentro de esa atención integral es imprescindible el seguimiento de las víctimas, proporcionándoles el apoyo social y psicológico que necesiten.

Más allá de la atención en urgencias, ¿les proporcionáis algún apoyo psicológico?

En la urgencia, en función de la situación emocional de la víctima, se realiza una valoración urgente por profesionales de Psiquiatría. El apoyo psicológico a medio y largo plazo es esencial para las víctimas de violencia sexual y se realiza desde el servicio de asistencia a la víctima y/o desde el centro de crisis de atención a víctimas de violencia sexual 24 h, sin perjuicio de la intervención de los servicios médico-asistenciales de Osakidetza.

¿Ponéis en conocimiento de Fiscalía o la Ertzaintza estos casos?

Desde el Hospital se pone en conocimiento del Juzgado los hechos, ya que las agresiones sexuales están tipificadas en el Código Penal como delitos contra la libertad sexual. La denuncia es preceptiva para perseguir un delito contra la libertad sexual, salvo que se trate de una o un menor de edad, persona con discapacidad, necesitada de protección, o persona desvalida, en cuyo caso podrá intervenir la Fiscalía o su representante legal.