El policía local de Santander procesado por acceder "repetidamente" a los datos de una víctima de violencia de género sin estar autorizado para ello ni tener encomendada su protección se enfrenta a tres años de cárcel que pide para él la mujer, pareja de un narcotraficante, y que ejerce la acusación particular.
Además, reclama para el agente inhabilitación absoluta durante un periodo de seis años y que pague una multa de 8.100 euros, a razón de una cuota diaria de 15 durante 18 meses, según ha podido saber Europa Press por fuentes conocedoras del procedimiento judicial.
El fiscal del caso todavía no ha presentado su escrito de calificación, pero se ha opuesto a que se estime el recurso de apelación interpuesto por la defensa, según ha conocido esta agencia.
Estos pasos de las partes personadas en el proceso se han dado después de que el juez instructor procesara al efectivo municipal por un presunto delito contra la intimidad, por acceder a información del Sistema VioGen, sin motivo ni permiso, y "maniobrar" para intentar rebajar el riesgo de la víctima (era 'medio' y lo consideraba "exagerado").
El policía en cuestión estaba destinado a la Oficina de Protección de Víctima (Oprovic) y en su día fue detenido por un presunto delito de revelación de secretos, por informar al cabecilla de un grupo dedicado al tráfico de cocaína en Cantabria y que era el supuesto agresor de la mujer sobre la que consultó los datos de Viogén y, también, arrendador del agente procesado. A su vez, ese hombre había denunciado a la mujer, gozaba del estatuto de 'víctima protegida' y su protección había sido asignada al policía local.
ACCEDIÓ A VIOGEN UNA DECENA DE VECES ENTRE AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2023
Según el auto de procesamiento, del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, el policía, "abusando" de su condición de funcionario con acceso al Sistema VioGén, consultó entre agosto y noviembre de 2023 y de manera repetida -una decena de veces- datos de la víctima relativos a su nivel de riesgo (medio) y contactó con el agente de la Policía Nacional que tenía encomendada la protección de esta mujer para que se "reevaluara" dicho riesgo y pasara a considerarse "bajo", algo que ocurrió aunque por "propia iniciativa" del efectivo competente.
La defensa del policía local solicitó el archivo de la causa al considerar que no hubo divulgación de ningún dato de la víctima, que el acceso al Sistema Viogén no era indebido ni tampoco delito, alegaciones rechazadas por el magistrado, para quien los hechos podrían constituir un delito contra la intimidad, penado con hasta cinco años de cárcel e inhabilitación absoluta de seis a doce. La acusación particular ha solicitado tres de prisión y seis de inhabilitación.
