Un día después de que se conociera el dictamen del Consejo de Europa instando al Estado español a garantizar el uso de las lenguas cooficiales en las administraciones públicas, incluida la Justicia, la consejera de Justicia y Derechos Humanos ha marcado como uno de los objetivos de su departamento esta legislatura, avanzar en la euskaldunización de los órganos judiciales.
María Jesús San José ha presentado en comisión parlamentarias los ejes de las políticas que marcarán sus competencias a lo largo de los próximos cuatros años. Entre ellas, la consejera ha señalado que se seguirán tomando medidas para que la euskaldunización de la justicia sea un hecho para facilitar que los ciudadanos puedan elegir el idioma que deseen en sus relaciones con los tribunales. Para ello, San José ha señalado que el trabajo se debe llevar a cabo en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ya habría informado al departamento que dirigen los socialistas vascos sobre los pasos que se están dando para lograr esta meta.
Acceso a la justicia más igualitario
Además, la consejera considera imprescindible lograr un acceso más igualitario a la Justicia para que los más vulnerables, los que a su juicio más necesitan la protección del sistema judicial, rompan las barreras que se les imponen “bien por desconocimiento o bien por razones económicas”.
Justicia más ágil
Para San José otro de los grandes retos para por reducir los tiempos judiciales. Cree que la lentitud de la justicia vulnera a los derechos de los ciudadanos y ha anunciado que en los próximos días se reunirá con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que solicitará la necesidad de crear más juzgados en Euskadi que alivien el retraso en los procesos.
Continuidad en la gestión de las prisiones
En cuanto a la gestión penitenciaria en manos del Gobierno vasco desde hace tres años, la consejera ha anunciado la creación de una nueva dirección de Servicios Penitenciarios que aunará las funciones que ahora recaen en varios departamentos. La clave del sistema vasco penitenciario seguirá siendo el afán de reinsertar a los reclusos y para ello se seguirán impulsando programas gestionados por Aukera, la Agencia Vasca de Reinserción laboral, cuyo principal objetivo es que, al acabar su pena, la población reclusa esté más cerca de lograr una salida sociolaboral que evite que vuelva a delinquir.
El departamento también quiere mejorar las herramientas para detectar problemas de salud mental entre la población reclusa. San José también ha anunciado el inminente traslado de las viejas instalaciones de Martutene en Donostia a las nuevas de Zubieta.
En este capítulo, el Gobierno vasco también se seguirán dando pasos en la justicia restaurativa y el departamento espera poder aumentar el tipo de delitos acogidos a esta modalidad.
Memoria crítica y desligitimadora
San José ha señalado que su equipo trabajará para construir “una memoria crítica claramente deslegitimadora de cualquier vulneración de derechos humanos por motivación política”. En este sentido ha anunciado la aprobación esta legislatura de una nueva ley de Víctimas que incluya sanciones para cualquier actuación que humille a las víctimas.
La consejera ha anunciado cambios en el Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, que irán más allá de su nueva dirección, ahora en manos de Alberto Alonso. El objetivo del actual equipo es conectar el Instituto con la sociedad, abriéndose a las universidades y al rigor histórico, así como a nuevos testimonios de víctimas.
“Nuestra dignidad como sociedad, la Euskadi decente que queremos construir, pasa por tener viva esa memoria crítica que no deje un agujero negro, un espacio impune, una pregunta sin responder, una pena sin cumplir y una reinserción sin completar”, ha señalado la consejera para concluir su intervención.
